En Azul, la oposición rechazó fondos afectados y el Municipio perdería $3500 millones

El intendente de Azul, Nelson Sombra (Unión por la Patria), enfrenta un panorama complicado este jueves en su intento por avanzar con la sanción del presupuesto general de gastos y recursos para 2025, así como con los cambios propuestos en la ordenanza Fiscal e Impositiva.

A pesar de que los sectores opositores buscan evitar que el Jefe Comunal recurra a la prórroga del presupuesto 2024 para eludir posibles "discrecionalidades", se oponen firmemente a algunos de los cambios propuestos en la ordenanza. En particular, han manifestado su desacuerdo con la creación de fondos destinados a salud y educación, los cuales se financiarían a través de nuevas tasas, como la tasa urbana, la tasa vial rural y la que afecta a grandes contribuyentes en materia de seguridad e higiene. Además, la llamada "Tasa por conservación de la Red vial urbana", que establece un gravamen del 2,5% sobre el valor de venta de combustible, ha sido otro punto de conflicto.

Antes de la sesión, los bloques de Podemos, La Libertad Avanza, UCR y Cambiemos Azul lograron consensuar un dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en el que expresaron su rechazo a los cambios propuestos. Con este dictamen, cuentan con los diez votos necesarios para devolver los proyectos al Ejecutivo y obligarlo a realizar los ajustes solicitados.

En el municipio de Azul, ya se dan por perdida la votación y advierten que la comuna perdería 3.500 millones de pesos en recursos. "No están dejando al Intendente sin recursos, están dejando a la comunidad sin fondos para salud, educación y para los combustibles necesarios para las maquinarias y el arreglo de calles", lamentaron desde el entorno municipal.

Según los bloques opositores en el despacho de la comisión, el presupuesto 2025 de Azul asciende a más de 67 mil millones de pesos (67.818.139.280,70), lo que representa un incremento del 158% en comparación con el ejercicio 2024.

De ese total, el 86,92% está destinado a gastos corrientes, lo que refleja un aumento del 4,39% respecto al presupuesto del año anterior. Además, más de la mitad de esos fondos se destinan a gastos salariales.

Cabe recordar que en el distrito de la séptima sección aún se encuentra vigente la emergencia administrativa, económica y financiera, una medida tomada debido a la crisis que atraviesa la comuna. Entre las decisiones más destacadas, se incluye la limitación a 40 horas semanales de carga horaria para el personal municipal y la suspensión del pago de horas extras, lo que ha generado una fuerte disputa con los gremios municipales.

Desde la oposición, señalan que no se ha pagado el último aumento del 4,7% adeudado a los empleados municipales y que aún no se han llevado a cabo las paritarias. Esto ha generado una pérdida salarial estimada entre el 15% y el 20% para los trabajadores municipales.

Como argumento principal en contra de los cambios impositivos, sostienen que "el aumento del presupuesto es del 157,93%" y afirman que "este incremento no se ajusta a la inflación proyectada por el gobierno nacional para 2025, que es del 18,3%, ni al 35% previsto según el relevamiento de expectativas del mercado".

La propuesta del Ejecutivo incluyó la eliminación de la controvertida Tasa de Servicios Esenciales para los sectores rurales, una medida que generó un fuerte rechazo en el campo y desembocó en la judicialización del tributo (el municipio había estimado recaudar alrededor de 3 mil millones de pesos en 2024 con esta tasa). "La derogación es un reconocimiento de que nuestras críticas y observaciones fueron válidas", afirmaron con satisfacción desde los bloques opositores.

Sin embargo, con los cambios introducidos en la Ley Fiscal e Impositiva, que incluyen nuevos fondos destinados a salud, educación y la Tasa Vial, el municipio esperaba una recaudación adicional de unos 3.500 millones de pesos. No obstante, se enfrentará a la oposición de una gran parte del espectro político, que ya anticipa su rechazo a estas modificaciones.