Desregulación inmobiliaria: impugnan en Mar del Plata la falsa bandera de la seguridad jurídica

La reciente ofensiva del Colegio de Martilleros de Mar del Plata contra el proyecto de desregulación impulsado por el ministro Federico Sturzenegger ha encendido un debate sobre la verdadera función de estas instituciones. 

Mientras ese Colegio presidido por Guillermo Rossi denuncia que la iniciativa “le baja el precio a la profesión” y pone en riesgo la seguridad jurídica, los antecedentes históricos y las recientes fallas operativas de la entidad sugieren que lo que está en juego no es la protección del ciudadano, sino “el mantenimiento de un monopolio corporativo que ha fallado repetidamente en sus funciones más básicas”, como afirman algunos profesionales.

El argumento central de los dirigentes es que la colegiación obligatoria es el único baluarte contra estafas y la falta de profesionalismo. Sin embargo, la historia reciente de Mar del Plata contradice este discurso. Durante muchos años, la denominada “Liga de Compradores” –una organización delictiva que utilizaba métodos mafiosos, aprietes y estafas para apropiarse de inmuebles en subastas judiciales– operó con total impunidad en el propio salón de subastas del Colegio de Martilleros.

En ese sentido, diversos profesionales indican que resulta contradictorio que la institución que hoy reclama ser garante de la transparencia haya permitido, por omisión o connivencia, que este grupo operara “a sus anchas” durante más de 25 años bajo el silencio de sus autoridades. En julio de 2025, se registraron las primeras condenas contra integrantes de la Liga mediante la modalidad de juicio abreviado en Mar del Plata. Estas personas (a menudo con la complicidad de martilleros) cumplían roles de amedrentamiento a oferentes externos en subastas de toda la región.

En relación con ese y otros casos emblemáticos, los expertos han advertido que la seguridad jurídica no emana de los colegios profesionales, sino del Poder Judicial, los organismos de defensa del consumidor y la fe pública que otorgan los escribanos en las escrituras. Los colegios de corredores y martilleros, lejos de garantizarla, han acumulado ejemplos de profesionales que comercializan inmuebles no aptos para la venta.

Otro pilar del reclamo corporativo es la defensa de las subastas tradicionales bajo su control. El año pasado, el municipio de General Pueyrredón decidió subastar terrenos de la ex Villa de Paso de forma online para sumar transparencia y concurrencia. El Colegio de Martilleros quedó fuera del proceso por un motivo contundente: no contaba con la tecnología necesaria para llevar adelante un remate virtual.

A pesar de que la entidad intentó bloquear la iniciativa apelando a una ordenanza de 1964, el municipio avanzó a través de la plataforma del Banco Ciudad, logrando una venta exitosa por más de 442 millones de pesos. Este episodio dejó al descubierto las prácticas obsoletas de una dirigencia criticada por no invertir en la modernización de su infraestructura.

En ese momento, el por entonces concejal Agustín Neme –hoy intendente– se manifestó a favor de la decisión del ejecutivo municipal de realizar la subasta de terrenos de la ex Villa de Paso de forma virtual, cuestionando duramente la postura del Colegio de Martilleros. Neme criticó que la institución intentara frenar la modernización basándose en legislación antigua, afirmando que los dirigentes “hablan de una ordenanza del año 1964 y el mundo cambió”.

Ahora que Neme dirige el Ejecutivo local, el Colegio de Martilleros de Mar del Plata busca acercar posiciones y olvidar esas rencillas.

Desregulación inmobiliaria

Lo cierto es que la propuesta del Gobierno nacional no busca eliminar la figura del martillero ni la carrera universitaria, sino transformar la colegiación en un acto voluntario. Esta medida apunta a que los colegios compitan por ofrecer mejores servicios y que los profesionales se destaquen por sus habilidades y certificaciones, y no por una exclusividad impuesta por ley.

En definitiva, la desregulación representa una apuesta por la liberación de obstáculos que hoy impiden el desarrollo del sector y encarecen la intermediación comercial. Frente a un modelo que ha demostrado ser incapaz de frenar prácticas mafiosas en su propio seno y que se resiste a la modernización tecnológica, la apertura del mercado aparece como una herramienta para devolver la transparencia a los ciudadanos.