La investigación judicial sobre el antiguo sistema SIRA, que desentraña una compleja red de corrupción y acceso privilegiado al dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández, ha entrado en una fase decisiva. En el centro de la escena local se encuentra el ingeniero platense Adriel Dono Miniot, cuya vinculación con el empresario Martín Migueles –señalado como operador central de las maniobras– surgió tras las pericias realizadas al teléfono celular de este último.
El fiscal federal Franco Picardi ha dispuesto recientemente una batería de medidas de prueba destinadas a “cerrar el circuito” de la maniobra. En relación a Migueles, la fiscalía solicitó al juez Ariel Lijo levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de nuevos sospechosos, entre ellos Patricio Guido Marre y Héctor Ezequiel Caputto, presuntos partícipes en la aceleración irregular de permisos a cambio de comisiones.
Asimismo, la lupa judicial se posó sobre la sociedad Lifetba S.R.L., mencionada en los chats de Migueles por la posible creación de una “cuenta espejo” para canalizar fondos ilícitos. Para profundizar este tramo, se citó como testigo a Mario Leguizamón, alias “Pan Dulce”, quien habría sido el encargado de trasladar físicamente el dinero por orden de Migueles.
Por otro lado, la investigación sobre el financista Elías Piccirillo –procesado por maniobras multimillonarias con el dólar oficial y el “rulo cambiario”– sumó el testimonio de Sergio Speroni, identificado como un colaborador cercano o chofer que registraba ingresos frecuentes a su domicilio.
Para desentrañar la operatoria técnica del fraude, la Justicia citó a declarar a dos subdirectores de ARCA (el organismo que reemplazó a la AFIP) para que brinden precisiones sobre la aprobación de permisos de importación durante el cepo. Paralelamente, se encomendó a la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) realizar un análisis exhaustivo de los sumarios del Banco Central y entidades financieras para reconstruir los flujos de fondos y detectar la reventa de dólares oficiales al valor “blue”. Entre las firmas bajo análisis directo se encuentra Fizika S.R.L., cuya documentación fue enviada por Dono Miniot a Migueles en el marco de las gestiones sospechosas.
En La Plata, el escándalo golpea el presente de Dono Miniot y sus socios: su pareja, la martillera e influencer Rafaela Ostrofsky, y el martillero Francisco Errico. El trío fundó su propia franquicia de Century 21, una operación que sorprendió al mercado inmobiliario por la inversión inmediata de 150 mil dólares en oficinas de diseño y una agresiva publicidad.
El estilo de vida de la pareja, caracterizado por mudanzas al exclusivo country Grand Bell, videos brindando con champagne y un reciente viaje de lujo a Costa Mujeres, México, para 21 agentes de su oficina, ha reforzado las sospechas de lavado de dinero. Colegas del sector cuestionan cómo Dono Miniot pasó de una situación laboral inestable a exhibir un patrimonio millonario en apenas dos años.
La figura de Errico añade una arista crítica al caso debido a su vinculación con el desarrollo Fincas de Duggan, un barrio privado que acumula denuncias por estafas, ventas de lotes “en negro” y evasión impositiva. El proyecto está ligado históricamente a figuras como Pablo Tomás Boero y Néstor Grindetti, quienes enfrentaron procesos judiciales en Brasil y alertas de Interpol.
Mientras el fiscal Picardi avanza con el análisis de los chats y las nuevas pruebas financieras, el temor crece entre los clientes platenses, muchos de los cuales han comenzado a retirar sus propiedades de la firma de Dono Miniot y Ostrofsky para evitar quedar vinculados a una “trama oscura” de corrupción y dinero negro.