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Conflicto inmobiliario en Santa Cruz: la postura de la ACIS se convierte en caso testigo del debate por la desregulación en Argentina - Edición Séptima

LA SéPTIMA | 17 SEP 2026

DISPUTA

Conflicto inmobiliario en Santa Cruz: la postura de la ACIS se convierte en caso testigo del debate por la desregulación en Argentina

El conflicto provincial refleja la disputa nacional entre la lógica de los colegios profesionales tradicionales y las propuestas de nuevos modelos orientados a una mayor transparencia, dinamismo y competencia en el mercado.




El intento de crear un Colegio Profesional de Martilleros en Santa Cruz generó un firme rechazo en la Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS), entidad que agrupa a cerca del 90% de las oficinas inmobiliarias de la provincia pero que no fue consultada para la elaboración del proyecto. El conflicto provincial refleja la disputa nacional entre la lógica de los colegios profesionales tradicionales y las propuestas de nuevos modelos orientados a una mayor transparencia, dinamismo y competencia en el mercado.

En el marco de la discusión del Proyecto de Ley N.º 367/2024, que busca crear el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Cruz, la ACIS solicitó formalmente hace unos días a la Cámara de Diputados provincial la suspensión de su tratamiento en comisiones. Desde la asociación enfatizan que la iniciativa carece por completo de consenso institucional y que se intentó hacer avanzar la norma sin dar participación ni consultar a las pymes y comercios que representan a la amplia mayoría del sector.

La tesorera de la entidad, Graciela Martínez Grama, advirtió que la iniciativa ignora la estructura operativa real de las inmobiliarias y pone en riesgo la continuidad de más de 50 firmas locales, junto con las fuentes de trabajo de las familias que dependen de ellas.

Esta disputa territorial funciona como un caso testigo perfectamente alineado con el debate sobre la desregulación del sector inmobiliario promovido a nivel nacional por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

A nivel nacional, las iniciativas oficiales buscan eliminar la matrícula obligatoria y la exigencia de títulos universitarios específicos para la intermediación de propiedades. Los promotores de la desregulación argumentan que las estructuras colegiadas tradicionales funcionan como esquemas monopólicos que restringen la competencia, imponen aranceles rígidos, incrementan los costos para los usuarios y frenan la innovación digital o la entrada de nuevos actores.

Frente a esta rigidez tradicional –asociada por sus críticos a la atomización del mercado, a barreras económicas de acceso y a la falta de datos transparentes sobre los valores reales de las operaciones–, emergen posturas que defienden modelos con mayor flexibilidad, menor carga corporativa y una apertura hacia la libre competencia.

Un eje central del reclamo de la ACIS es la defensa de los denominados “idóneos”: contadores, arquitectos, ingenieros y comerciantes con vasta trayectoria que ejercen legalmente la actividad bajo el marco normativo vigente, con oficinas verificadas e inscripciones impositivas en regla. 

La entidad sostiene que exigir una titulación universitaria específica de forma retroactiva desconoce derechos adquiridos y afecta la libertad de trabajar y asociarse consagrada por la Constitución Nacional. Asimismo, la asociación advirtió sobre las secuelas socioeconómicas que la norma provocaría en el interior de Santa Cruz. 

La imposición de matrículas obligatorias, aranceles y nuevas cargas administrativas uniformes sobre pequeñas empresas familiares provocaría el cierre de locales y una mayor concentración del mercado en las ciudades principales.

Nuevos modelos de regulación y transparencia

Frente al esquema colegial restrictivo, la ACIS remarca que la jerarquización del sector inmobiliario no debe basarse en la exclusión, sino en la capacitación continua, la transparencia del mercado y el resguardo de los consumidores.

Como alternativa concreta, la ACIS presentó un conjunto de propuestas ante la Legislatura que incluye excluir la actividad comercial inmobiliaria del proyecto de martilleros y crear por ley dos colegios profesionales diferenciados: uno de Martilleros y Corredores Públicos, y otro exclusivo para Corredores Inmobiliarios. Según dicen, este modelo de convivencia y separación de funciones ya funciona de manera transparente en 14 jurisdicciones del país, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.