El intendente de Azul, Nelson Sombra, presentó una acción de amparo contra el Estado nacional y la concesionaria Corredores Viales por el estado crítico de la Ruta Nacional 3. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 2 del distrito e incluye el pedido de una medida cautelar para que se dispongan trabajos inmediatos de bacheo, señalización y seguridad vial.

El escrito sostiene que la desidia en la traza afecta la seguridad de quienes circulan, los servicios municipales y el desarrollo económico local. También plantea que la situación vulnera derechos constitucionales como la libre circulación, la salud y el trabajo. La presentación cuenta con el patrocinio del subsecretario Legal y Técnico, Roberto Dávila.

Según el municipio, el tramo entre Azul y Cacharí presenta deformaciones profundas en la calzada, banquinas descalzadas y señalización casi inexistente. Estas condiciones generan una alta siniestralidad y ya provocaron accidentes fatales en la zona. La acción judicial reclama que se ordene un plan de obras con plazos concretos: reparaciones urgentes en los próximos diez días y tareas completas en un máximo de tres meses.

El reclamo se da en un contexto de larga data. En su momento se había proyectado transformar la Ruta 3 en autovía, pero las obras quedaron paralizadas. Mientras tanto, las estadísticas son alarmantes: entre 2006 y 2022 se registraron 309 siniestros en el tramo Monte-Azul, con 201 fallecidos, según datos oficiales. Otras estimaciones marcan que, en el corredor Monte-Las Flores-Azul, hubo 495 accidentes con 226 muertes en poco más de una década.

La situación generó movilizaciones. Vecinos autoconvocados, organizaciones como Estrellas Amarillas y bomberos voluntarios realizaron banderazos en el acceso a la ciudad bajo la consigna “La Ruta 3 nos está costando vidas”. En redes sociales circularon fotos y videos de los reclamos, que apuntan no solo al deterioro del asfalto sino también a la ausencia de control frente a animales sueltos y a la falta de cartelería.

El municipio plantea que el mantenimiento es responsabilidad exclusiva del Estado nacional, que en su momento concesionó la vía. Además, advierte que las respuestas no pueden limitarse a “tareas menores”, como bacheo y pintura de demarcación, sino que se requiere una intervención estructural que reanude la autovía.

Ahora será la Justicia Federal la que determine si admite la cautelar y ordena a Nación y a la concesionaria cumplir con sus obligaciones. Mientras tanto, en Azul crece la presión social para que el reclamo no quede en los expedientes y se traduzca en obras concretas.