El Gobierno nacional formalizó este jueves la prórroga de la emergencia agropecuaria en distintos sectores rurales de la provincia de Buenos Aires. A través de la Resolución 1974/25, el Ministerio de Economía extendió el régimen hasta el 28 de febrero de 2026, medida que permitirá a los productores acceder a alivios fiscales y facilidades crediticias.

La decisión convalida la declaración que el Ejecutivo bonaerense había emitido a comienzos de noviembre, en medio del fuerte impacto que generaron las últimas inundaciones sobre la actividad agrícola y ganadera. Con la adhesión de la Nación, los afectados podrán acogerse a exenciones y postergaciones impositivas administradas por ARCA.

Los distritos alcanzados por la resolución son Veinticinco de Mayo, Saladillo, Bragado, Lincoln, General Belgrano, Azul, Pila y Bolívar. En todos los casos, la emergencia no rige para la totalidad de cada municipio, sino para zonas delimitadas que fueron relevadas tras los anegamientos. Estos territorios se suman a otros como Carlos Casares o Nueve de Julio, que ya estaban bajo el mismo régimen.

Aunque la prórroga alivia la situación inmediata, entidades rurales y autoridades provinciales insisten en que es necesario retomar las obras del Plan Maestro del Río Salado para mitigar futuros eventos climáticos. Los trabajos están detenidos desde diciembre de 2023, aunque recientemente se anunció su reactivación. En paralelo, la Provincia ya obtuvo el aval ambiental para avanzar con la etapa V del proyecto, entre Junín y Bragado, que depende del avance del tramo IV.2 para poder iniciarse.