La decisión de varios municipios bonaerenses de avanzar con tasas vinculadas a la carga de combustible volvió a encender la discusión sobre el financiamiento local y el impacto de estos recargos en el precio final que pagan los usuarios.

En Tapalqué, el Ejecutivo municipal impulsó la creación de una tasa aplicada a la carga de combustibles, una iniciativa que se encuentra en análisis y que se suma a experiencias similares en otros distritos de la provincia. La propuesta se enmarca en la búsqueda de recursos para sostener servicios e infraestructura vinculados al mantenimiento urbano y vial.

La discusión no es aislada. En Ramallo, la gestión del intendente Mauro Poletti habilitó un recargo municipal que también se aplica sobre el expendio de combustibles, lo que generó cuestionamientos por parte de sectores comerciales y vecinos ante el posible encarecimiento del precio en surtidor.

A estas iniciativas se suman otros municipios bonaerenses que ya avanzaron o evalúan medidas similares. En Junín, por ejemplo, se analiza la implementación de una tasa vinculada al expendio de combustibles como herramienta de financiamiento local, mientras que en otros distritos del norte y centro de la provincia se adoptaron esquemas de recargos municipales asociados al mantenimiento de la red vial.

Según se desprende de las distintas ordenanzas y proyectos en debate, los recargos no se cobran de manera directa al consumidor sino a las estaciones de servicio, aunque uno de los principales cuestionamientos apunta a la posible transferencia del costo al precio final que pagan los usuarios.

El avance de estas medidas en distintos puntos de la provincia reavivó la polémica a nivel político y económico, tanto por su legalidad como por su impacto en un contexto de aumentos sostenidos en los combustibles y presión sobre los ingresos.

Mientras algunos intendentes defienden estas tasas como una herramienta necesaria para sostener servicios básicos e infraestructura, desde distintos sectores se advierte sobre la superposición de tributos y se reclama una discusión más amplia sobre el esquema de financiamiento municipal y su articulación con los niveles provincial y nacional.