Uber confirmó su llegada a nuevas ciudades intermedias de la provincia de Buenos Aires y del interior del país en el marco de los diez años de funcionamiento de la aplicación en Argentina. Entre las localidades alcanzadas por esta nueva etapa de expansión se encuentran Pergamino y Olavarría, además de Rafaela (Santa Fe), Sáenz Peña (Chaco) y Villa Mercedes (San Luis). El anuncio, sin embargo, volvió a encender tensiones con gobiernos locales que intentan regular el servicio.

Desde la compañía difundieron un mensaje institucional firmado por su directora para Argentina, Paraguay y Uruguay, Eli Frías, que fue replicado en distintos distritos con mínimas modificaciones. “Nos entusiasma seguir ampliando nuestra presencia y acercar los beneficios de la tecnología a más personas. Este anuncio abre nuevas oportunidades para quienes quieran generar ingresos conduciendo con la app y suma una alternativa de movilidad para los usuarios”, expresó la ejecutiva.

El avance de la plataforma se produce en un contexto de fuertes conflictos con municipios del interior. En Tandil, por ejemplo, el gobierno local intentó en reiteradas oportunidades iniciar conversaciones formales para habilitar el servicio, sin obtener respuesta de la empresa. Ante esta situación, el municipio avanzó con controles y secuestros de vehículos que prestaban el servicio de manera irregular.

Un escenario distinto se observa en Bahía Blanca, donde a fines de 2025 se sancionó una ordenanza que regula el transporte mediante aplicaciones. La normativa exige el registro de choferes y establece requisitos básicos como contar con vehículos modelo 2013 en adelante y licencia profesional. Actualmente, el municipio busca que los conductores se adecuen a ese marco legal.

Pese a la existencia de ordenanzas que restringen o prohíben su funcionamiento, Uber continúa habilitando su aplicación en nuevos territorios. Frente a esto, algunos gobiernos locales implementaron sanciones y controles, con resultados dispares. Desde la empresa, en tanto, mantienen contacto directo con los choferes y, en algunos casos, se ofrecen a cubrir las multas que puedan recibir por prestar el servicio.

En paralelo, la compañía desplegó campañas públicas para cuestionar los intentos de regulación. En varias ciudades se difundieron mensajes que advierten sobre un posible aumento de tarifas y la pérdida de fuentes de trabajo si avanzan las normativas locales. Incluso se habilitaron sitios web y peticiones online para convocar a usuarios y conductores a manifestarse contra los proyectos municipales. Según datos difundidos por la propia aplicación, solo una parte de los choferes activos cumpliría con las nuevas exigencias.

Como parte de su estrategia de expansión, Uber anunció además incentivos económicos para sumar conductores, con pagos extra de hasta 150 mil pesos para quienes completen una determinada cantidad de viajes en su primer mes. La empresa también informó que estarán disponibles servicios como UberX, Uber Moto y envíos, y aseguró que todos los viajes cuentan con cobertura por accidentes personales y responsabilidad civil.

La llegada de Uber a ciudades intermedias abre así un nuevo capítulo en la disputa por la regulación del transporte por aplicaciones, con municipios que buscan ordenar la actividad y una empresa que continúa avanzando con su modelo sin acuerdos formales con los gobiernos locales.