Hace 26 años, en 1999, la ley 25.028 reformó el régimen legal de martilleros y corredores. En tiempos en que la actividad inmobiliaria atraviesa fuertes debates sobre sus parámetros y alcances, diversos analistas indican que ese momento definió negativamente el presente del sector.

Jorge Amoreo Casotti, CEO y fundador de la proptech Pint, se ha convertido en uno de los portavoces de las ideas libertarias y ha advertido que “la Ley 25.028 fue, en esencia, la génesis legislativa de la gran tragedia argentina”. De acuerdo con el empresario, la insistencia parlamentaria sobre esa ley que dio luego origen a los Colegios inmobiliarios, “marcó el viraje intervencionista en el ocaso de los años '90 y significó el punto de inflexión formal que interrumpió la ola de libertad económica que había transformado el país”.

Casotti sostiene que la ley 25.028 “fue la piedra fundacional de la casta inmobiliaria, el acta de nacimiento de una estructura colegiada que, hasta el día de hoy, mantiene secuestrado al mercado del corretaje, una actividad que por naturaleza es pura intermediación comercial”. Sumó que, con la falsa bandera de la profesionalización, se reinstaló el privilegio corporativo y “se demolió el principio liberal que sostenía que, en un mercado libre, para operar comercialmente bastaba con la voluntad y la responsabilidad, no con la venia de un burócrata politizado”.

Añadió que la “falacia de la profesionalización” derivó en un andamiaje legislativo construído para “vigilar y castigar a quienes osaran operar sin permiso del burócrata de turno”. Además de hacer un repaso por diversas leyes y decretos que moldearon la actividad, Amoreo Casotti consideró: “Desde el año 2000 en adelante, los colegios inmobiliarios, multiplicados como reflejo de un mismo diseño y ya en manos de regulaciones provinciales, completaron el cerrojo: barreras educativas artificiales (de 9 a 900 días de instrucción), restricciones territoriales (asimilables a aduanas internas), controles de precios (vía aranceles mínimos y máximos), sanciones discrecionales (oficiando de juez y parte) y, finalmente, el argumento perfecto para cerrar el círculo: la falsa equivalencia entre profesión y profesionalismo”.

Recordó además que lo ocurrido en el Congreso Nacional a fines de la década de 1990 resultó la única revocación de un veto total durante los dos mandatos de Carlos Saúl Menem: “En un sistema presidencialista donde el Poder Ejecutivo controlaba políticamente con holgura ambas cámaras del Congreso, logró imponerse el lobby de un pequeño grupo vinculado al sector inmobiliario, con los suficientes ´incentivos´ como para torcer el rumbo de la historia del mercado en función de sus propios intereses”.

Según indicó Casotti, así, el 1º de diciembre de 1999, en la misma semana en que Menem dejaba la presidencia, el Senado de la Nación ratificó la ley que el Poder Ejecutivo había vetado con argumentos impecables: “Lo hizo bajo el pretexto de la ´profesionalización´, pero en realidad institucionalizó la captura corporativa del mercado inmobiliario, entregando el monopolio a los colegios para que convirtieran el corretaje en una ´ciencia´ blindada por la coacción legal”.

Finalmente, y en relación con el actual debate sobre una posible desregulación del sector inmobiliario, consideró que “la derogación de la Ley 25.028, o su reforma estructural, ya no es una utopía: es una necesidad imperiosa para devolverle la libertad al mercado inmobiliario y cerrar, de una vez por todas, el ciclo de decadencia que aquella revocación habilitó”.