martes 10 de marzo de 2026 - Edición Nº4214

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Corredor inmobiliario: cuestionan la obligatoriedad del título universitario

16:32 |Advierten que los Colegios profesionales “imponen barreras artificiales que limitan el acceso a la actividad”. Mientras tanto, diversas propuestas legislativas buscan desregular el sector para aportar dinamismo y accesibilidad.


De cara a un 2026 en que se seguirá discutiendo la desregulación inmobiliaria como alternativa a una industria que hoy se muestra “muy encorsetada”, los analistas del sector vuelven a abrir el debate sobre una de las mayores barreras que enfrentan los profesionales desde antes de poder ejercer. 

Tal como vienen señalando múltiples profesionales, Argentina es el único lugar del mundo en el que los corredores deben cursar una carrera universitaria de 3 años en establecimientos privados, colegiarse y pagar la matrícula para poder trabajar. “A los altos costos de esa carrera universitaria (que solo se dicta en universidades privadas), se suman los gastos de colegiación, de matriculación y los porcentajes que se pagan a los Colegios por las operaciones inmobiliarias. Asimismo, tras matricularse, a los nuevos corredores se les hace muy cuesta arriba insertarse en un mercado altamente atomizado”, afirma un experto. 

Un emprendedor con más de 10 años de experiencia en el sector de real estate agrega: “Eso significa que los Colegios de Corredores ostentan el monopolio de la certificación de idoneidad de los profesionales. Lo hacen, además, sin ningún respaldo ético, sin brindar servicios de calidad, ni aportar prestigio a los matriculados. La excesiva regulación, en definitiva, responde a la conveniencia de los intereses personales de un grupo de dirigentes que utiliza a los Colegios como ámbito para generar poder, atomizar el sector y perpetuarse en sus cargos”.

En ese sentido, el diputado Alejandro Bongiovanni (PRO) –que presentó recientemente el proyecto denominado Ley de Libertad Inmobiliaria para desregular la burocracia corporativa en el sector inmobiliario– dijo que “la exigencia de un título universitario y la inscripción en los colegios profesionales implica barreras artificiales que limitan el acceso a la actividad, limitando la competencia”.

Bongiovanni también señaló la restricción geográfica que tienen los profesionales para ejercer. “La limitación a una jurisdicción específica impide la libre circulación de los intermediarios del sector, obstaculizando la innovación y la eficiencia. Hoy, si uno está registrado para vender en la ciudad A, no puede vender en la ciudad B. Una locura total en un entorno cada vez más digitalizado”, aseguró.

Además de apuntar contra la necesidad de poseer título universitario como condición de acceso o permanencia en la actividad, así como la obligatoria inscripción en registro o matrícula alguna y las restricciones geográficas, Bongiovanni ponderó que “lo que se propone es reestablecer el derecho a trabajar y ejercer industria lícita del artículo 14 de nuestra Constitución Nacional”. Como vienen pidiendo diversos actores del sector, la modificación de la Ley N° 20.266 tiene como objetivo tener un mercado más abierto y dinámico, más transparente y con mayor competencia.

En tanto, el fundador de la proptech Pint, Jorge Amoreo Casotti, advirtió que las reglas que regulan la actividad “fueron impuestas en la dictadura militar y hoy siguen funcionando como una barrera de acceso al mercado”. Además de considerar que “esto impide la entrada de nuevos actores y encarece el costo de los servicios”, Casotti sumó: “Ni en la Venezuela de Nicolás Maduro ni en la España socialista de Pedro Sánchez se exige un título universitario para trabajar en este sector. Es una anomalía global que tarde o temprano deberá corregirse, sobre todo en un país que dice promover la libre empresa”.

Y continuó: “Antes de la Ley 20.266, sancionada en 1973 durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, el sector era más dinámico y accesible, basado en la capacidad y reputación de los agentes en lugar de validaciones burocráticas. Sin embargo, con su promulgación y posterior modificación en 1999 mediante la Ley 25.028, se consolidó un esquema corporativo que restringió aún más el ingreso a la actividad, exigiendo título universitario obligatorio y manteniendo el monopolio de la intermediación inmobiliaria en manos de los Colegios”.

En realidad, lo que señalan cada vez más emprendedores del sector inmobiliario es que “el profesionalismo no se adquiere en la universidad, sino en el hacer de cada día de trabajo y está vinculado con las habilidades en comunicación y marketing, trabajo en red, uso de CRM, entre otras cuestiones que hacen al éxito de un corredor inmobiliario.
 

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