La ciudad de Mar del Plata atraviesa uno de sus momentos más críticos en materia económica y social. El mercado inmobiliario local se encuentra en un estado de parálisis y exclusión, mientras que la actividad económica general muestra signos de estancamiento en un contexto de caída sostenida de la recaudación tributaria tanto a nivel nacional como municipal.

El acceso a la vivienda en “La Feliz” se ha vuelto restrictivo, transformándose en un factor de exclusión social. Según el martillero Diego del Valle, el mercado enfrenta un escenario complejo por el deterioro del poder adquisitivo: “Cada vez es menos la gente que puede alquilar una propiedad”. Los valores de referencia son ilustrativos de esta brecha: un monoambiente arranca entre $500.000 y $600.000, mientras que un chalet supera el millón de pesos.

A pesar de la expectativa inicial, el crédito hipotecario ha perdido fuerza rápidamente, obligando a que entre el 80% y el 85% de las escrituras se realicen en efectivo, reduciendo drásticamente el universo de posibles compradores.

El sector comercial también refleja esta crisis. Tras finalizar el verano, se registró el cierre de más de 200 locales, lo que representa aproximadamente el 8% del total de comercios en la ciudad. Corredores clave como la avenida Juan B. Justo y la calle 12 de Octubre exhiben persianas bajas, mientras que los rubros de indumentaria y joyería son los más afectados por la caída del consumo.

Para sobrevivir, muchos comerciantes están migrando hacia el modelo de “showrooms” en pisos superiores o ventas exclusivas por redes sociales, priorizando la logística de última milla sobre la exhibición física en locales de calle.

El retroceso inmobiliario y comercial se enmarca en una crisis fiscal profunda. La recaudación tributaria nacional acumuló en abril de 2026 nueve meses consecutivos de caída real, con un retroceso del 4% interanual. En Mar del Plata, la fragilidad de los ingresos laborales se refleja en una baja del 1,1% en la recaudación de Seguridad Social y del 0,3% en el IVA.

La obra pública, termómetro histórico de la economía marplatense, sufre un fuerte desbalance. Por un lado, los fondos del gobierno nacional para infraestructura han languidecido bajo la actual administración. Por el otro, en 2025, la Secretaría de Obras local ejecutó apenas el 38,2% de su presupuesto. A su vez, aunque la inversión privada aumentó la superficie en obra (625.000 m² en 2025), estos proyectos enfrentan una creciente judicialización que genera incertidumbre laboral en el gremio de la construcción.

En medio de esta asfixia financiera, surge una fuerte tensión normativa. Mientras el Gobierno Nacional, a través del ministro Federico Sturzenegger, impulsa una agenda de desregulación para eliminar lo que denomina “clubes de amigos” y “aduanas interiores”, Mar del Plata se encuentra entre los 55 municipios bonaerenses que mantienen ordenanzas restrictivas para la actividad inmobiliaria competitiva, como la prohibición de franquicias y marcas.

Según Sturzenegger, estas trabas burocráticas funcionan como una “aberración social” que encarece los servicios para el ciudadano en un momento donde la economía real necesita señales urgentes de apertura.