Alrededor de 500 militantes y dirigentes del kicillofismo de la séptima sección y de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires se reunieron en el Club Apeadero de Saladillo para desarrollar el plenario seccional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Durante la jornada hablaron representantes de los distintos municipios de la sección, que expusieron la situación de cada distrito. Entre los principales oradores estuvieron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el funcionario provincial Gabriel Katopodis; el intendente de Ensenada, Mario Secco; el exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza; y su par de Florencio Varela, Andrés Watson, entre otros.

Respaldo a Kicillof y un postulante por distrito

En los discursos de los distintos referentes quedó expresado el respaldo al gobernador Axel Kicillof de cara a la contienda electoral de 2027, así como la intención de que el mandatario provincial aspire a la Presidencia.

Además, aunque se planteó que la unidad seguirá siendo prioritaria, el encuentro ratificó una definición que ya había aparecido en reuniones anteriores: la búsqueda de un postulante propio a la intendencia en cada distrito.

Quiénes participaron del encuentro

Los anfitriones del cónclave fueron el dirigente Danilo Mengarelli y el vicepresidente de Aubasa, Walter Abarca.

También llegaron desde la región el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi; las olavarrienses Liliana Schwindt, Hosanna Cazola y Telma Cazot; el funcionario provincial y dirigente veinticinqueño Hernán Ralinqueo; y, por ese mismo distrito, la representante del Frente Grande, Fiorella Juanico Ávila.

Por General Alvear estuvieron, entre otros, Romanela Fernández y Gaudencio Fernández; por Azul, Laura Aloisi; por Roque Pérez, Mabel Marchetti, Homero Salas y José Luis Horna; y por Bolívar, Mónica Ochoa.

La empresa Galasur S.A., una de las principales canteras de Olavarría, despidió a 19 trabajadores en el marco de la crisis que atraviesa el sector de la minería no metalífera por la paralización de la obra pública y el retroceso de la actividad económica. La firma justificó la decisión en la caída de la producción, en una "fuerte retracción de las ventas" y en una deuda millonaria que, según sostuvo, mantiene el Estado nacional.

Las notificaciones comenzaron a llegar el jueves. Un día antes, la compañía había comunicado a todo el personal que no debía concurrir a trabajar hasta el lunes siguiente por supuestas tareas de reparación en la planta. El aviso despertó sospechas entre los empleados y la situación quedó confirmada con la llegada de los telegramas.

El reclamo de los trabajadores y la intervención gremial

De acuerdo con la información difundida por los propios empleados, 17 de los despedidos estaban afiliados a AOMA y otros dos pertenecían al gremio de Comercio. Los trabajadores se autoconvocaron en el ingreso a la cantera para exigir explicaciones sobre las desvinculaciones.

Desde el sindicato minero señalaron que previamente se había realizado una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Pese a esa instancia, la decisión empresarial terminó concretándose de todos modos.

La caída de las ventas y la deuda de Trenes Argentinos

En los telegramas enviados al personal, Galasur sostuvo que las cesantías respondieron a una "falta o disminución de trabajo" derivada del deterioro de las condiciones económicas y productivas de la actividad minera. La empresa explicó que su producción depende en gran medida de la construcción y de la obra pública, por lo que la paralización de esos sectores redujo la demanda de piedra y de otros materiales.

Según indicó la firma, entre enero y julio de 2026 las ventas cayeron cerca de un 34% interanual, un escenario que, combinado con la inflación y el aumento de los costos, comprometió la sustentabilidad de la explotación.

A ese cuadro sumó un problema financiero: aseguró que SOFSE-Trenes Argentinos Operaciones mantiene una deuda cercana a los 1.890 millones de pesos, con certificados impagos desde hace más de dos años. Para la empresa, ese incumplimiento deterioró el flujo de fondos y la cadena de pagos, y volvió "insuficientes los actuales niveles de actividad y producción para sostener la estructura operativa y laboral".

Un nuevo golpe al empleo en el polo minero bonaerense

Los despidos volvieron a poner el foco sobre Olavarría, uno de los principales centros mineros y productores de piedra de la provincia de Buenos Aires, cuya actividad está estrechamente ligada a la evolución de la construcción y de la inversión en infraestructura.

La reducción de la obra pública nacional y la desaceleración del mercado privado vienen impactando desde hace meses sobre las canteras del distrito, con menores niveles de producción y conflictos laborales que ahora sumaron un nuevo capítulo con la desvinculación de 19 trabajadores.

La empresa Cerro Negro volvió a poner en marcha sus hornos de ladrillos en Olavarría el 31 de agosto, luego de una detención que se extendió por más de 60 días debido a un sobrestock del producto y a una caída en los despachos.

La medida había sido consensuada con el Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría (Soeco) para evitar despidos de personal ante la falta de movimiento dentro de la empresa.

El balance del gremio

Según informó el sitio Infoeme, el secretario general del Soeco, Gustavo Bustamante, se refirió en el marco del Día de la Industria a la reactivación de los hornos y al presente del sector ceramista en la ciudad y en todo el país.

"El arranque estaba programado para el 23 de agosto pero se estiró una semana. Cuando hicimos el arreglo, todo se iba a encaminar según el despacho y si aumentaban las ventas estaba la posibilidad de regresar antes, pero eso no sucedió y fueron más de 60 días que los hornos estuvieron fuera de servicio y los compañeros suspendidos", expresó el dirigente.

En esa línea, Bustamante indicó que la empresa cumplió con lo pactado más de dos meses atrás, aunque el plazo podría haberse extendido: "Cerro Negro podría haber estado dos o tres meses más parada porque tiene material como para tener la planta sin funcionar, pero respetaron el acuerdo y no extendieron más el tiempo".

El impacto en los salarios

Durante el período en que la planta detuvo la producción, el sueldo neto de los trabajadores se vio reducido al 80%, lo que impactó directamente en el bolsillo de cientos de familias olavarrienses, según destacó Infoeme.

"Desde el lunes ya están todos los trabajadores en sus puestos y van a volver a cobrar el 100% de su salario, que es muy importante porque sostiene a todas las familias", remarcó el secretario general del sindicato.

El Municipio de Bolívar, que conduce Eduardo “Bali” Bucca, presentó este martes la 27° edición de la Maratón Internacional “Dino Hugo Tinelli”, una de las jornadas deportivas más convocantes del distrito. La competencia se realizará el sábado 24 de octubre, a las 17, con largada desde el Centro Cívico.

Como cada año, la prueba recorrerá las calles de la ciudad con dos propuestas: 10 kilómetros competitivos y 3 kilómetros de corre caminata participativa.

Inscripciones y valores

Las inscripciones se encuentran abiertas y se realizan a través del sitio oficial de la competencia, www.bolivar.gob.ar/maraton.

Este año la organización incorporó una novedad en los valores: quienes se inscriban y abonen durante septiembre pagarán $30.000 para los 10K y $20.000 para los 3K, con remera y medalla incluidas. En octubre, cada distancia aumentará $5.000.

Los premios en efectivo

La edición contará con premios en efectivo. En la clasificación general de damas y caballeros se entregarán $600.000 al primer puesto, $360.000 al segundo, $300.000 al tercero, $180.000 al cuarto y $140.000 al quinto.

 

 

 

 

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Para atletas locales, tanto en damas como en caballeros, los premios serán de $250.000, $180.000, $120.000, $80.000 y $60.000, respectivamente.

La Maratón también tendrá categorías inclusivas para silla de ruedas, personas no videntes y atletismo asistido, con premios de $250.000 para el primer puesto, $200.000 para el segundo y $150.000 para el tercero.

La antesala: la Pre Tinelli

Con 27 ediciones, la “Dino Hugo Tinelli” forma parte del calendario anual de Bolívar y reúne a corredores, instituciones, voluntarios y familias. La organización integral del evento está a cargo del Municipio, a través de la Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana y la Dirección de Deporte.

Como antesala, el domingo 20 de septiembre se realizará la Pre Tinelli “Juan Carlos Bellomo”, organizada por la Escuela Secundaria N°6 junto a la Dirección de Deporte. La competencia tendrá distancias de 8 y 4 kilómetros y funcionará como preparación de cara a la prueba de octubre.

Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) informó que, a partir del 15 de septiembre, los usuarios que evadan el pago del peaje en la Autopista Buenos Aires–La Plata podrán ser sancionados con multas que oscilarán entre $180.000 y $250.000, de acuerdo con la normativa vigente.

La medida se implementa en el marco del convenio suscripto entre el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y la Dirección de Vialidad, mediante el cual AUBASA fue facultada para constatar y sancionar infracciones vinculadas a la evasión de peaje y al exceso de carga de vehículos pesados.

Los argumentos de la empresa

Desde la compañía señalaron que "el objetivo es fortalecer el cumplimiento de las normas de circulación, promover una movilidad más segura y proteger la infraestructura vial que diariamente utilizan miles de personas".

En la misma línea, afirmaron que "la evasión de peaje no solo constituye una infracción, sino que también genera maniobras riesgosas que ponen en peligro a los usuarios y afectan el normal funcionamiento de las estaciones de cobro".

Cómo se detectan las infracciones

Para la detección de estas infracciones, AUBASA cuenta con un sistema de cámaras instalado en las estaciones de peaje, que registra automáticamente la fecha, la hora, el lugar y la imagen del vehículo involucrado, y genera el acta de infracción correspondiente.

Antes de la aplicación de la sanción, el titular del vehículo dispondrá de un plazo de 30 días corridos para regularizar su situación, abonando los peajes adeudados y adhiriéndose al sistema TelePase, a través del portal de pagos de AUBASA.

Si transcurrido ese plazo no se concreta la regularización, el acta será remitida a la autoridad competente para la emisión de la multa y su posterior notificación al titular registral del vehículo.

La Municipalidad de 25 de Mayo incorporó una mesa quirúrgica eléctrica y un carro de tracción al Hospital Saturnino Unzué, con una inversión de $20 millones financiada íntegramente con fondos municipales, para fortalecer el servicio de cirugía del distrito.

Se trata de una mesa quirúrgica eléctrica modelo 10E, de la firma Dinipa Medical, y de un carro de tracción traumatológico. Ambos equipos fueron adquiridos con recursos propios de la comuna.

Las definiciones del intendente

Durante la presentación del equipamiento, el intendente Ramiro Egüen se refirió a la compra y al servicio que la recibió.

“Estamos acá en el Hospital Unzué en el servicio de cirugía con una nueva ventaja. Hemos adquirido una mesa de cirugía nueva. Se trata de una inversión de 20 millones de pesos que proviene desde los fondos de nuestro municipio. Una gran inversión que nos estaba requiriendo este servicio, un servicio de excelencia que tiene nuestro hospital para todo el distrito”, sostuvo.

El jefe comunal adelantó además que la incorporación forma parte de un plan de mejoras en la infraestructura hospitalaria: “Agradecerle a todo el personal, médicos y no médicos, a todos aquellos que conforman esta gran familia que es el Hospital Unzué y que todos los días trabajan con muchísimo esmero y, sobre todas las cosas, con muchísima vocación, así que nuestras felicitaciones para todo el equipo de cirugía por esta nueva adquisición y por otras que vendrán en el corto plazo, además de la próxima inauguración que vamos a tener de la nueva guardia en este Hospital Unzué”.

Qué cambia en el quirófano

La doctora Marta Bubillo, jefa del servicio de Clínica Quirúrgica, detalló el alcance técnico y operativo de la incorporación: “Realmente era algo que necesitábamos porque es fundamental que el paciente cuente con los mejores elementos cuando llega a quirófano. Esta mesa nos ofrece todos los movimientos que podemos requerir en una cirugía, así que estamos muy agradecidos”.

La profesional precisó además las características del equipamiento: “Se compró la mesa quirúrgica que viene con varios accesorios para distintos tipos de cirugías y el carro de tracción que se adapta a las camillas, lo que abre un nuevo paso para las cirugías traumatológicas”.

Las características del nuevo equipo

Según se informó desde el Municipio, la mesa quirúrgica eléctrica 10E cuenta con sistema eléctrico con control remoto y motores alemanes marca Dewert, y permite el ajuste flexible en las secciones de cabeza, respaldo y asiento, con puente renal incorporado y capacidad de carga para pacientes de hasta 250 kilos.

El equipo dispone también de una batería de respaldo con autonomía de hasta 8 horas ante eventuales cortes de energía y una superficie de colchón Memory Pad con diseño antiestático e impermeable.

En cuanto a la compatibilidad radiológica, su estructura traslúcida permite el desplazamiento longitudinal de 350 milímetros y el uso conjunto con equipos de rayos X y Arco en C, para el seguimiento e intensificación de imágenes en tiempo real durante los procedimientos.

La mora en comercios alcanzó niveles récord en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, en un contexto de fuerte endeudamiento de familias y empresas. El indicador llegó al 55,17% en el territorio bonaerense y superó el 80% en algunos distritos del interior.

La situación refleja las dificultades de numerosos hogares para afrontar compromisos asumidos mediante compras financiadas. En julio, la tasa volvió a crecer luego del leve descenso registrado en junio, mientras la refinanciación de obligaciones permaneció en niveles elevados.

El impacto de las deudas en el interior bonaerense

Los datos fueron recabados del Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) y la Fundación Friedrich Ebert (FES), con información de la Central de Deudores del Banco Central.

El relevamiento indicó que los deudores en mora representaron el 41,1% en el segmento comercial de la provincia de Buenos Aires. La tasa midió el volumen de créditos atrasados frente al total de préstamos otorgados y mostró una situación especialmente compleja fuera del área metropolitana.

En el interior, algunos municipios exhibieron porcentajes muy superiores al promedio provincial. Laprida registró una tasa del 81,15%, mientras General Alvear llegó al 75,69% y Benito Juárez alcanzó el 73,7%.

Los municipios con mayor nivel de mora

También se ubicaron entre los distritos más afectados General Alvarado, con 71,77%; Adolfo Alsina, con 66,57%; Tapalqué, con 68,98%; y Pellegrini, con 68,7%. Tres Arroyos llegó al 63,82% y Maipú registró un 63,38%.

La lista incluyó además a Punta Indio, con 62,99%; Baradero, con 60,34%; y Coronel Dorrego, con 60,15%. Campana, por su parte, presentó una tasa del 63,9%, según los datos analizados.

El escenario también alcanzó al conurbano bonaerense, aunque con diferencias entre los municipios. Vicente López registró una mora del 70,42%, seguido por Avellaneda, con 69,74%; Lanús, con 67,96%; y San Fernando, con 65,4%.

Por qué creció el endeudamiento

El segmento comercial presentó uno de los mayores niveles de morosidad de la provincia de Buenos Aires, por encima de los préstamos de bancos públicos, que tuvieron una tasa del 12,8%; bancos privados, con 24%; y Fintech, con 31,4%.

La explicación estuvo vinculada, en parte, con las alternativas de financiación que ofrecen las cadenas comerciales. Las cuotas permitieron sostener compras de sectores cuyos ingresos no alcanzaron para pagar al contado o que no tuvieron acceso al crédito bancario.

Frente a ese escenario, las familias y empresas que acumularon atrasos recurrieron a refinanciaciones para ordenar sus compromisos. El volumen de operaciones mostró así la magnitud del problema financiero que atravesaron distintos sectores.

El programa del Banco Provincia

En ese contexto, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, anunció un programa especial de desendeudamiento denominado “Ponete al Día”. La iniciativa alcanzó a 84.000 clientes mediante planes de refinanciación.

Según datos oficiales citados en el informe, esas operaciones representaron un total de $344.800 millones. El programa apuntó a facilitar la regularización de compromisos y ofreció una respuesta frente al crecimiento de los atrasos.

Los datos del Mapa de la Deuda mostraron que el problema no quedó concentrado en los grandes centros urbanos. Los porcentajes registrados en varios distritos del interior bonaerense expusieron el peso que adquirieron las obligaciones comerciales sobre los hogares y las empresas.

La evolución de la mora en los próximos meses permitirá observar si los planes de refinanciación logran contener los atrasos o si el nivel de endeudamiento mantiene la presión sobre el consumo y las economías locales.

Septiembre comenzará con una nueva tanda de aumentos que impactará sobre distintos gastos habituales de las familias bonaerenses. Transporte público, colegios privados, medicina prepaga, alquileres y algunos servicios ya tienen actualizaciones definidas, mientras que en luz y gas todavía faltan conocer los cuadros tarifarios definitivos.

Colectivos

Los colectivos de jurisdicción bonaerense que circulan por el Área Metropolitana tendrán desde el 1° de septiembre un incremento cercano al 4,3%.

En el Gran La Plata, integrado por La Plata, Berisso y Ensenada, la actualización será del 4,79%. Allí, el boleto mínimo con SUBE registrada pasará de $1.210,17 a $1.268,20, mientras que el tramo superior a 27 kilómetros llegará a $2.177,59.

Trenes

También habrá una nueva actualización en los trenes metropolitanos.

De acuerdo con el cuadro tarifario aprobado por la Secretaría de Transporte nacional, desde septiembre el boleto con SUBE registrada costará $450 para la primera sección, $640 para la segunda y $790 para la tercera.

La medida alcanza a las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.

Colegios privados

Los establecimientos bonaerenses de gestión privada que reciben aporte estatal podrán aumentar sus cuotas un 2,5%.

La actualización alcanza a los niveles Inicial, Primario, Secundario, Técnico, Agrario, Artístico y Superior y completa el esquema autorizado por la Dirección General de Cultura y Educación para agosto y septiembre.

El valor máximo depende del porcentaje de subvención estatal que recibe cada institución.

Prepagas

Las empresas de medicina privada también aplicarán aumentos, aunque no habrá un porcentaje único.

Los ajustes informados se ubican entre el 1,9% y el 3,11%, según empresa y plan. OSDE comunicó subas de entre 1,9% y 2,3%; Galeno, entre 2,3% y 2,8%; Omint, 2,9%; Hospital Italiano, 2,1%; Hospital Alemán, 2,36%; y Swiss Medical, 3,11%.

Alquileres

Los contratos que todavía se actualizan mediante el Índice para Contratos de Locación (ICL) tendrán nuevos valores en septiembre.

Para un contrato con actualización anual exactamente el 1° de septiembre, el índice pasa de 27,14 en 2025 a 35,74 en 2026, lo que representa una suba cercana al 31,7%.

El porcentaje puede variar según la fecha exacta de actualización y las condiciones establecidas en cada contrato.

Agua

En el caso de AySA, desde septiembre vuelve a regir el mecanismo de actualización mensual previsto por el marco tarifario, después del esquema especial aplicado durante agosto.

La compañía presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos municipios del Conurbano. El porcentaje final debe surgir de la fórmula regulatoria correspondiente al mes, por lo que no conviene presentar como definitivo un 2,3% hasta contar con el cuadro aplicable.

Para los usuarios de ABSA en el resto de la provincia también pueden existir modificaciones según el esquema tarifario vigente, pero hasta el momento no encontramos un nuevo porcentaje general para septiembre publicado oficialmente.

Internet, cable y telefonía

Los aumentos dependerán de cada prestadora y del servicio contratado.

Algunas empresas ya comunicaron subas de hasta 2,5% para septiembre. No existe, sin embargo, un aumento único y uniforme para todo el sector.

Luz y gas, todavía sin porcentaje definitivo

Las tarifas de electricidad y gas también pueden registrar modificaciones durante septiembre.

Al cierre de agosto todavía resta la publicación de los cuadros correspondientes a distribuidoras como Edenor, Edesur, Naturgy y Metrogas, por lo que cualquier porcentaje debe considerarse provisorio hasta que aparezcan las resoluciones oficiales.

Así, el nuevo mes llega con aumentos ya confirmados principalmente en transporte, educación privada, salud y alquileres, mientras otros servicios todavía esperan definiciones que terminarán de determinar el impacto sobre los hogares bonaerenses.

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza que crea la Guardia Urbana Municipal, una iniciativa impulsada por el intendente Maximiliano Wesner en materia de seguridad preventiva.

La norma constituye a la Guardia Urbana como un cuerpo institucionalizado, con “aptitud profesional suficiente” e investido de autoridad para hacer uso de la fuerza pública en casos excepcionales, con el objetivo de garantizar la protección ciudadana e intervenir en la seguridad preventiva local.

Según los fundamentos del texto, la creación de la guardia “es un instrumento para potenciar una presencia claramente identificable del Estado en los espacios públicos del Partido de Olavarría”, y actuará como un cuerpo civil complementario de la Policía de la provincia de Buenos Aires, sin reemplazarla.

Cómo estará integrada

El cuerpo estará conformado por agentes municipales con rango de inspector, que recibirán el tratamiento de guardia urbana. Su modalidad de trabajo se combinará con efectivos de la Policía bonaerense contratados a través de la Ley de Policía Adicional N° 13.942.

La nueva dependencia absorberá las funciones de la actual Dirección de Control Urbano, que dejará de existir al momento de su puesta en funcionamiento. Su titular tendrá rango de director dentro del organigrama municipal.

Entre sus funciones esenciales figuran la tutela del espacio público, la constatación de infracciones a ordenanzas municipales, la facultad de aprehender personas en situación de flagrancia —conforme al artículo 16 de la Constitución bonaerense y al artículo 156 del Código Procesal Penal provincial— y la asistencia a las fuerzas de seguridad en operativos, eventos masivos y situaciones de emergencia o catástrofe, en coordinación con Defensa Civil.

Qué le estará prohibido al nuevo cuerpo

El proyecto establece principios de actuación —juridicidad, oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y perspectiva de género y diversidad— y fija prohibiciones expresas.

La Guardia Urbana no podrá desarrollar tareas policiales ajenas a las previstas, custodiar detenidos ni edificios fuera de la jurisdicción municipal, realizar operativos especiales reservados a la Policía bonaerense, ni producir inteligencia sobre personas por su condición étnica, religiosa, política o de pertenencia a organizaciones sociales o sindicales.

El texto autoriza el uso exclusivo de armamento de baja letalidad —de carácter disuasivo, no penetrante ni letal— en casos de legítima defensa, para evitar la comisión de un delito, aprehender a una persona en flagrancia, controlar disturbios que pongan en riesgo la seguridad pública o disuadir conductas peligrosas. En paralelo, prohíbe terminantemente la tenencia y el uso de armas de fuego por parte de los agentes en el ejercicio de sus funciones.

Toda persona aprehendida deberá ser puesta a disposición de la Policía bonaerense o de la autoridad judicial “de manera inmediata”, con prohibición expresa de que el personal de la Guardia realice interrogatorios, retenciones prolongadas o traslados sin orden judicial.

Los requisitos para ingresar y el régimen disciplinario

Para ser agente de la Guardia Urbana se requerirá ser ciudadano argentino, tener entre 21 y 45 años, contar con estudios secundarios completos, presentar certificado de antecedentes penales y de libre deuda alimentaria, y aprobar el curso de formación correspondiente. Quedarán excluidos quienes registren antecedentes penales, condenas por delitos dolosos o hayan sido exonerados de la administración pública.

El régimen disciplinario se regirá por la Ley provincial 14.656 y contempla faltas simples, leves, graves y muy graves, estas últimas sancionadas con la cesantía del agente.

La ordenanza establece además que el uso no autorizado de celulares personales durante el servicio, o la divulgación de información sensible, será considerado falta muy grave y causal de apartamiento del cuerpo.

La investigación por el envenenamiento y la muerte de perros en el barrio Los Tilos de Bolívar sumó nuevas pruebas tras una serie de allanamientos y el análisis de cámaras de seguridad. Según informó un medio local, la fiscal Julia María Sebastián brindó detalles del expediente y señaló a Sebastián Rodrigo Mendiburu como presunto autor del hecho.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal, junto al jefe de Operaciones de la DDI, Ezequiel Luna, y el comisario Pedro Poveda, explicó cómo avanzó la causa a partir del hallazgo de carne picada presuntamente envenenada.

“El autor del hecho fue Mendiburu Sebastián Rodrigo”, afirmó la fiscal, aunque aclaró que la investigación continúa para determinar si pudieron participar otras personas.

Allanamientos en el domicilio y en la carnicería

Los procedimientos se realizaron el domingo pasado tanto en el domicilio particular del imputado como en su carnicería. De acuerdo con lo explicado por la Fiscalía, la investigación permitió establecer que la carne utilizada era picada de cerdo y que Mendiburu tenía acceso al elemento que habría sido empleado para provocar la muerte de los animales.

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que la sustancia utilizada podría ser estricnina, aunque todavía resta conocer el resultado de los análisis toxicológicos. “La sustancia concreta la vamos a saber con el resultado de los tóxicos”, explicó la fiscal, quien evitó brindar algunos detalles para no afectar el avance de la causa.

Durante los allanamientos se encontraron elementos que, según la investigación, permiten sostener que había veneno. Además, en la carnicería apareció carne con características similares a la utilizada para envenenar a los perros.

Las cámaras, una pieza clave del expediente

Uno de los elementos centrales de la causa son las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Ezequiel Luna explicó que un vecino, Norberto Pascual García, aportó registros obtenidos de dispositivos ubicados en inmediaciones de la prolongación Saavedra y La Rioja.

El punto de partida fue el hallazgo, el 13 de agosto a las 8.20, de un tupper con restos de carne presuntamente envenenada. A partir del análisis de las imágenes, los investigadores reconstruyeron el recorrido del recipiente y detectaron además otro perro muerto en un galpón, encontrado el lunes.

La secuencia permitió determinar que la colocación del producto se habría producido el domingo 9 de agosto a las 12.46. En las imágenes aparece una camioneta Volkswagen gris oscuro, sin patente, que se aproxima al lugar y de la que desciende una persona.

El rastro del vehículo y la secuencia en el comercio

Los investigadores comenzaron entonces a analizar las características del rodado. Entre otros detalles, observaron un logo de polarización, un sticker de fabricación y la identificación de la empresa que lo había vendido. Con esos datos establecieron que la camioneta pertenecía a Sebastián Mendiburu. Según se explicó, el vehículo todavía no tenía colocada la patente porque recién la recibió el 13 de agosto.

La identificación del vehículo y el hecho de que Mendiburu fuera propietario de una carnicería llevaron a los investigadores a solicitar nuevas medidas judiciales. Durante el allanamiento del comercio fueron secuestradas las tarjetas de memoria de las cuatro cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento.

El análisis de esas imágenes aportó otro elemento relevante: los investigadores sostienen que el mismo tupper que después apareció en la vía pública fue manipulado dentro de la carnicería por el propio dueño durante la mañana del 9 de agosto. “Sin lugar a dudas, colocó el veneno antes de salir rumbo al lugar donde fue a tirarlo”, sostuvo la fiscal.

La Justicia rechazó el pedido de detención

La Fiscalía de Bolívar había solicitado la detención de Mendiburu, pero la jueza Fabiana San Román consideró que, de acuerdo con la acusación inicial, no estaban dadas las condiciones para disponer esa medida. Según explicó la fiscal, el delito contemplado en un primer momento tenía una escala penal de entre 15 días y un año de detención.

La situación procesal podría modificarse a partir de la figura vinculada con el envenenamiento de sustancias alimenticias, que contempla una pena de entre 3 y 10 años. Esa calificación podría permitir que la Fiscalía vuelva a solicitar una medida de detención.

Mientras tanto, Mendiburu fue citado para este viernes a las 12 en la Fiscalía de Bolívar, donde deberá prestar declaración en relación con la acusación que pesa sobre él. El expediente incluye imputaciones por infracción a la Ley Sarmiento, daño calificado y envenenamiento de sustancias alimenticias.

Buscan determinar si hubo más involucrados

La fiscal diferenció entre la persona que considera responsable directo del hecho y la posibilidad de que existan otros participantes. “Como autor concreto del acto de crueldad, tenemos a esta persona; estamos investigando posibles partícipes”, señaló.

Por otra parte, la funcionaria destacó el aporte realizado por Norberto Pascual García, cuyas cámaras permitieron avanzar en la reconstrucción de los hechos. Debido a la importancia de esas imágenes para el esclarecimiento del caso, la Fiscalía solicitó a la Municipalidad de Bolívar que la recompensa sea otorgada al vecino por su colaboración.

La causa continúa ahora con nuevas pruebas, análisis toxicológicos y la declaración del imputado, mientras la Justicia deberá determinar el alcance de las responsabilidades y si corresponde avanzar con una nueva solicitud de detención.

El Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires se reunió en La Plata con una agenda centrada en los desafíos que deberán afrontar los gobiernos locales en los próximos meses. El encuentro tuvo tres ejes: el escenario económico y fiscal, la preparación de los municipios frente a fenómenos meteorológicos de mayor intensidad y la situación política del radicalismo bonaerense.

Entre los jefes comunales presentes estuvieron Ramón Capra, de General Alvear, y José Luis Salomón, de Saladillo.

Un 2027 con recursos acotados

La jornada comenzó con una exposición del economista Damián Bonari, exministro de Economía bonaerense, quien analizó la situación económica nacional, sus efectos sobre la Provincia y las perspectivas para los gobiernos municipales.

Bonari planteó que la economía argentina atraviesa una etapa en la que conviven algunos logros macroeconómicos con dificultades que todavía no se traducen en una mejora equivalente de la economía cotidiana. Advirtió sobre las tensiones que enfrenta el programa económico para alcanzar en simultáneo dos objetivos: profundizar la reducción de la inflación y sostener el nivel de actividad. Sostuvo, además, que el modelo todavía no terminó de madurar y que presenta ganadores y perdedores identificables, en un contexto atravesado por importantes niveles de desigualdad.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la situación fiscal de la Provincia y su impacto sobre los municipios. El economista describió un escenario restrictivo para 2027 y advirtió que no deberían esperarse incrementos significativos de los recursos provenientes de la coparticipación, lo que obligará a los gobiernos locales —entre ellos los que conducen Capra y Salomón— a administrar un año particularmente complejo.

Advertencia por lluvias de mayor intensidad

El segundo bloque estuvo dedicado a las perspectivas meteorológicas para los próximos meses. El meteorólogo Lisandro Piro explicó que la tendencia global muestra una disminución de la cantidad de días con precipitaciones, pero con lluvias de mayor intensidad cuando estas se producen.

Piro señaló que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño permiten prever precipitaciones superiores a los valores normales y recomendó a los municipios comenzar a prepararse para una temporada primavera-verano con mayor riesgo de fenómenos extremos.

La estrategia de la conducción partidaria

Por la tarde, el bloque político estuvo encabezado por el presidente del Comité Provincia de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, quien junto a sus pares de la Mesa Ejecutiva —Josefina Mendoza, Matías Civale y Adriana Ginnobili— recibió a los intendentes en la sede de la casa radical para explicarles la estrategia de la nueva etapa partidaria.

“Buscaremos transformar el despliegue territorial del partido en un motor político coordinado, para ofrecer respuestas concretas a las demandas históricas de los vecinos de la Provincia”, señaló el dirigente.

En esa línea, Balbín puso el acento en la presencia del partido en el interior bonaerense: “Los radicales tenemos una ventaja que hasta ahora no hemos podido poner en valor, que es nuestra territorialidad. Que no es un slogan, sino una realidad cotidiana. Sobre todo los intendentes, en sus pueblos, pueden dar fe de que el radicalismo sigue vivo en sus militantes y en los miles de vecinos que todavía nos eligen para que le gestionemos sus ciudades”.

IOMA, salud y rutas, entre las prioridades

El titular de la UCR bonaerense anunció además la puesta en marcha de una agenda común “articulada directamente con intendentes, concejales, y la militancia de base de cada pueblo”, y detalló los ejes de ese trabajo conjunto.

“Entre las prioridades inmediatas de la agenda radical se destacan la atención a la crisis del IOMA, la emergencia sanitaria, el deterioro de la infraestructura vial y el impacto de fenómenos climáticos, como es el Súper Niño que se avecina”, enumeró, en una definición que conectó de manera directa con lo debatido horas antes en el propio Foro.

El objetivo: unidad y candidatura propia

Finalmente, Balbín remarcó que el desafío central pasa por la cohesión interna del espacio de cara a los próximos años.

“El objetivo central será consolidar la unidad del partido. Si logramos consolidar la unidad como herramienta, y establecemos una agenda común, este partido sin dudas está en condiciones, no solo de tener candidatos en los 135 distritos, sino también su propio candidato a Gobernador”, afirmó.

La provincia de Buenos Aires se preparó para enfrentar un escenario climático complejo durante los próximos meses. Según un informe del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, existió una probabilidad superior al 90% de que el actual fenómeno de El Niño evolucionara hacia una intensidad "Muy Fuerte" durante la primavera y el verano 2026/27.

El documento señaló que la situación resultó más delicada porque buena parte del territorio bonaerense ya presentaba un elevado nivel de humedad acumulada. De los 92 municipios relevados, 58 registraron durante este año precipitaciones superiores a sus medias mensuales históricas, mientras que diez distritos concentraron los mayores excedentes hídricos de toda la provincia.

Frente a ese panorama, el gobierno bonaerense puso en marcha un Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, orientado a reforzar el monitoreo hidrometeorológico, ejecutar tareas preventivas y sostener obras destinadas a reducir el impacto de posibles inundaciones sobre centros urbanos y zonas productivas.

Un Niño que podría ser histórico

Para elaborar el diagnóstico, la Provincia tomó como referencia la última actualización del Centro de Predicción Climática de la NOAA, publicada el 13 de agosto. El organismo confirmó que las condiciones de El Niño se encontraban presentes desde mediados de este año y continuaban fortaleciéndose.

De acuerdo con los datos oficiales, los modelos climáticos utilizados proyectaron anomalías cercanas a los 2°C en la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial, un valor que permitiría clasificar al evento como "Muy Fuerte", una categoría alcanzada por muy pocos episodios en las últimas siete décadas.

Suelos saturados y lluvias por encima de lo normal

El informe advirtió que las lluvias extraordinarias registradas durante 2026 dejaron una situación de alta vulnerabilidad hídrica en amplias zonas del territorio.

Según la Mesa de Riesgo Hídrico de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en abril siete municipios recibieron más del 50% de la precipitación anual promedio y, para junio, más del 30% de los distritos relevados ya habían superado sus medias mensuales de lluvia.

Como consecuencia, el noroeste, el centro y el sudeste bonaerense presentaron suelos saturados, una condición que incrementó el riesgo de anegamientos e inundaciones frente a nuevas precipitaciones intensas. La información satelital obtenida mediante la plataforma SMAP de la NASA también confirmó un aumento sostenido de la humedad superficial del suelo desde abril: hacia agosto, una extensa porción del centro y el este bonaerense ya aparecía clasificada como húmeda o directamente saturada.

Los diez distritos con mayores excedentes

El relevamiento provincial identificó diez partidos con los mayores niveles de excedentes hídricos. El ranking quedó conformado de la siguiente manera:

• Benito Juárez: 75,4%
• Coronel Pringles: 67,9%
• Pehuajó: 66,4%
• Olavarría: 65,4%
• Tres Arroyos: 65%
• 9 de Julio: 61,6%
• Dolores: 58,9%
• Azul: 58,5%
• Tandil: 58,5%
• Necochea: 53,2%

El plan para enfrentar posibles inundaciones

Ante ese escenario, el Ministerio de Infraestructura estructuró un plan basado en tres ejes principales: monitoreo permanente, acciones preventivas y ejecución de obras.

Entre las herramientas disponibles, el documento mencionó la red hidrometeorológica Simparh, la Red Hidrométrica Provincial, informes semanales sobre precipitaciones y humedad del suelo y mapas de peligrosidad elaborados por la Autoridad del Agua (ADA).

En paralelo, la Dirección Provincial de Hidráulica intensificó tareas de limpieza de cauces, mantenimiento de canales, provisión de bombas extractoras, reparación de compuertas, contratación de maquinaria pesada y asistencia directa a los municipios. Según el informe, existieron 15 convenios vigentes con gobiernos locales para la prestación de maquinaria, además de otros acuerdos próximos a iniciarse o renovarse.

Obras en marcha en distintos municipios

Durante julio, la Provincia informó intervenciones hidráulicas en Bahía Blanca, Dolores, Berazategui, Quilmes, General San Martín, Lobos, Saladillo, Azul, Rivadavia, Capitán Sarmiento, Nueve de Julio y Guaminí.

Los trabajos abarcaron arroyos, canales y sistemas de drenaje urbanos, periurbanos y rurales, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de inundaciones en un contexto climático que, según las proyecciones oficiales, podría agravarse durante la próxima primavera y el verano.

Cuatro de cada cinco productores agropecuarios afirmaron que los caminos rurales no resultan transitables durante todo el año, según un sondeo realizado por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). El relevamiento advirtió que esa situación derivó en demoras para el retiro de la producción, aumento de los costos logísticos y pérdidas económicas.

De acuerdo con los datos difundidos, el 79% de los consultados consideró que los caminos rurales se encontraban en "malas" o "muy malas" condiciones, mientras que el 75% sostuvo que esas vías no son transitables durante los doce meses del año, según informó El Norte.

El estudio analizó la situación en el sudeste bonaerense y en la Cuenca del Salado, dos de las regiones productivas de mayor peso en el territorio provincial. El trabajo contó con la colaboración de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid), el Movimiento CREA y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

La voz de los productores

El 68% de los encuestados aseguró haber sufrido "pérdidas económicas reales" por las demoras o la imposibilidad de retirar la producción de los campos, precisó el informe. En paralelo, el 59% estimó que el deterioro de los caminos incrementó los costos logísticos en más de un 10%.

El documento señaló que ese sobrecosto se explicó por mayores gastos de flete, mantenimiento y desgaste. Según el relevamiento, el deterioro vial redujo la vida útil de los neumáticos y elevó el consumo de combustible entre un 20% y un 30% en los caminos de tierra en mal estado.

Pozos y falta de señalización

El 68% de los participantes denunció la presencia masiva de pozos en las calzadas de tierra, de acuerdo con los resultados del sondeo. Además, el 82% identificó deformaciones en los caminos: el 27% indicó que aparecen con bastante frecuencia y el 55% afirmó que las encuentra cada tanto.

Otro 82% de los productores relevados advirtió que la señalización vial resultaba inexistente o se encontraba deteriorada. Según el estudio, esto evidenció "una ausencia en el mantenimiento o actualización para la seguridad vial".

Una red de 500.000 kilómetros

El informe detalló que la Argentina cuenta con 500.000 kilómetros de caminos rurales, una extensión que representó el 82% de toda la red vial del país.

Finalmente, la encuesta consignó que siete de cada diez productores se mostraron dispuestos a colaborar con los gobiernos municipales y provinciales para mejorar el estado de los caminos rurales.

El sistema de transporte público de Azul incorporó este viernes dos nuevas unidades adaptadas para personas con discapacidad y actualizó su aplicación de seguimiento de colectivos para que los usuarios puedan identificar cuáles cuentan con condiciones de accesibilidad.

Los vehículos pertenecen a Autobuses Buenos Aires, empresa que presta el servicio urbano en la ciudad, y serán incorporados a los recorridos de las líneas 501 y 502. Ambos cuentan con rampas y condiciones adaptadas para facilitar el ascenso y descenso de personas con discapacidad o dificultades de movilidad.

La Línea 502 ya disponía de una unidad con estas características, por lo que la incorporación permitirá ampliar la cantidad de colectivos accesibles dentro del sistema.

La app permitirá saber qué colectivo está adaptado

Junto con las nuevas unidades se presentó una actualización de la aplicación “¿Cuándo llega?”, utilizada por los pasajeros para seguir el funcionamiento del transporte urbano.

La plataforma incorporó un ícono de accesibilidad que permite reconocer desde el celular cuáles son los colectivos adaptados antes de que lleguen a la parada.

La aplicación funciona a partir del GPS instalado en las unidades y ya permitía consultar el tiempo estimado de llegada de los colectivos, visualizar recorridos y paradas, localizar las más cercanas y guardar aquellas utilizadas con mayor frecuencia. El servicio está disponible para las líneas 501 y 502.

La incorporación del nuevo indicador surgió de un proyecto presentado por estudiantes del Colegio San Cayetano en el Concejo de los Estudiantes y posteriormente trabajado junto al Municipio y la empresa prestataria.

Operativo SUBE para personas con CUD

Las novedades se presentaron durante un operativo SUBE desarrollado este viernes por la mañana en el Veredón Municipal, que contó con la presencia del intendente Nelson Sombra y el director de Transporte, Ricardo Méndez.

La jornada estuvo destinada especialmente a personas que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes pudieron recibir asistencia para vincular el beneficio correspondiente a su tarjeta SUBE.

El trámite permite acceder al beneficio de gratuidad en el transporte público sin necesidad de presentar el certificado físico cada vez que se realiza un viaje.

Del operativo participaron también trabajadores municipales de las áreas de Transporte, Políticas de Inclusión y Punto Digital.

Un servicio que comenzó a renovarse en 2025

Autobuses Buenos Aires asumió la prestación del transporte urbano de Azul el 1 de febrero de 2025, luego del cambio de empresa dispuesto por el Municipio. Desde entonces opera las líneas 501 y 502, entre otros servicios del sistema.

Las primeras unidades incorporadas ya contaban con GPS y cámaras de seguridad, mientras que el Municipio había anunciado desde el comienzo que parte de la flota tendría condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad motriz.

En julio de 2025 se sumó la herramienta digital para consultar en tiempo real la ubicación y los tiempos de llegada de los colectivos, y posteriormente se incorporaron nuevos recorridos al sistema.

Con las dos unidades presentadas este viernes y la actualización de la aplicación, Azul busca ahora ampliar la accesibilidad tanto en los vehículos como en la información que reciben quienes utilizan diariamente el transporte público.

El Municipio de Azul confirmó que el viernes 4 de septiembre, a las 14, se inaugurará el sitio de la memoria para la promoción de los Derechos Humanos en el edificio que funcionó como Centro Clandestino de Detención y Tortura "Ex Estación del Ferrocarril Provincial", actual sede del Jardín Maternal De Paula.

Durante la jornada se desarrollarán testimonios y proyecciones que pasaron a integrar, de manera permanente, un entramado de testimonios, libros y producciones audiovisuales, con el objetivo de profundizar la construcción colectiva y comunitaria de la memoria.

Un trabajo conjunto para recuperar el espacio

El espacio, que funcionó durante la última dictadura cívico-militar, fue recuperado y puesto en condiciones a partir de un trabajo articulado entre la Mesa de Derechos Humanos del Partido de Azul y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.

En ese marco, el profesor Jorge Meza, integrante de la Mesa, señaló que "estamos trabajando este espacio de la memoria desde la mirada del pasado, pero poder articular con el presente y en un futuro mejor". Agregó que la propuesta apunta a "invitar a toda la comunidad a participar en la inauguración, en un homenaje que vamos a hacer en la construcción de la memoria, la verdad y la justicia".

Meza detalló además que la planta alta del edificio, donde funcionó el centro clandestino, formará parte de un recorrido habilitado para colegios y personas interesadas, con el objetivo de repasar "toda la historia reciente de nuestra ciudad y del contexto nacional". Sobre el proceso que derivó en la apertura, sostuvo que se trata de "un trabajo de hace muchos años" impulsado desde los organismos de derechos humanos en articulación con el Municipio y la Provincia, al que definió como "el puntapié inicial" de futuras acciones de fortalecimiento comunitario.

Un hito histórico para la ciudad

Por su parte, Nahuel Mirande indicó que se trata de "un hito histórico para la historia de Azul porque era una deuda histórica que teníamos con los derechos humanos". Calificó la apertura como "muy reparadora para las víctimas y los familiares" y como una forma de compensación por las luchas sostenidas durante años en esa materia, y remarcó el valor simbólico de la iniciativa para quienes no pudieron presenciar el logro.

La directora de Políticas Juveniles, Agustina Maciel, señaló que el espacio "se piensa para habitar colectivamente, para que puedan venir los jóvenes a recordar y reconocer lo que ha pasado y apelar a la memoria viva", y remarcó el carácter intergeneracional de la convocatoria.

El compromiso con la memoria, la verdad y la justicia

Cristina Crohare, autora del proyecto original, subrayó que en el edificio "se secuestró, se torturó y desaparecieron personas, compañeros y compañeras de Azul". Valoró la decisión política que permitió la apertura del espacio y remarcó el compromiso sostenido "con la memoria, la verdad y la justicia y también con el futuro para crear identidad y verdadera democracia".

La inauguración se enmarca en el aniversario número 50 del último golpe de Estado en Argentina, bajo la consigna "Por la Memoria, la Verdad y la Justicia".

El Gobierno bonaerense creó un programa especial para regularizar obras hidráulicas que fueron construidas sin los permisos correspondientes en la Cuenca del Río Salado, pero que actualmente se encuentran funcionando y cumplen un rol en el manejo de los excedentes hídricos. La primera etapa alcanzará a los Comités de Cuenca de las subregiones A2, A3 y B3.

La medida fue establecida por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos en el Boletín Oficial, en el marco de la Ley N° 12.257, conocida como Código de Aguas, y busca resolver una problemática que se arrastra desde hace años, especialmente en zonas rurales del noroeste bonaerense. El programa apunta principalmente a obras de drenaje secundarias y terciarias que fueron ejecutadas por municipios y productores para complementar la red de drenaje superficial existente, muchas de las cuales no cuentan con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente.

Una red construida a lo largo de los años

Según explica la resolución, la región noroeste de la provincia presenta características topográficas que hacen que no exista una red de drenaje natural completamente desarrollada. Por ese motivo, a lo largo de los años se construyó una red artificial para conducir los excedentes de agua, con obras principales ejecutadas por el Estado provincial y conducciones secundarias y terciarias realizadas en muchos casos por los municipios o productores. En este sistema también cumplen un papel importante los caminos rurales, que en zonas llanas pueden actuar como receptores de excedentes pluviales.

La decisión de avanzar con un régimen especial surgió, de acuerdo con los fundamentos de la resolución, a partir de distintos planteos realizados por municipios durante las actividades desarrolladas en 2025 en zonas afectadas por episodios extraordinarios de excesos hídricos.

Tres fases para regularizar las obras

El procedimiento estará dividido en tres fases. En la primera, el municipio deberá presentar una nota ante el Comité de Cuenca correspondiente, que deberá emitir una no objeción para que la obra sea incorporada al programa. La segunda etapa contempla la presentación de la documentación requerida ante la Autoridad del Agua (ADA), que analizará el caso y, cuando corresponda, emitirá un Certificado de Incorporación al Programa. La tercera fase estará destinada al análisis técnico y a la aprobación de la documentación necesaria para completar la regularización, tanto para obras que puedan regularizarse sin modificaciones como para aquellas que requieran adecuaciones.

Cuando sea necesario ejecutar obras de adecuación, estas estarán a cargo del municipio solicitante. La resolución también permite que los municipios propicien la conformación de Consorcios Mixtos de Usuarios de Aguas Públicas, integrados por el gobierno local y los beneficiarios directos de las obras.

La suspensión de los procesos de clandestinidad

La nueva normativa también contempla la situación de las obras que ya hayan sido denunciadas en el marco del procedimiento aprobado mediante la Resolución MIySP N° 46/26, que estableció un mecanismo para abordar las obras hidráulicas no autorizadas en territorio bonaerense. En esos casos, mientras se encuentre en trámite la regularización dentro del nuevo programa, quedará en suspenso el procedimiento de declaración de clandestinidad. La operación y el mantenimiento de las obras aprobadas quedarán a cargo del municipio solicitante, que deberá presentar un programa con las acciones que llevará adelante.

El programa comenzará en las subregiones A2, A3 y B3 de la Cuenca del Río Salado, que incluyen a partidos como Junín, Lincoln, 9 de Julio, Bragado, Trenque Lauquen, Pehuajó, Bolívar, Olavarría, Saladillo, Las Flores y Tapalqué, entre otros. La resolución establece que el esquema podría replicarse posteriormente en la totalidad de esa cuenca y en otras cuencas hidrográficas de la provincia.

El Municipio de Bolívar recibió a representantes de diez distritos bonaerenses en una nueva jornada regional del programa "Incluir Municipios", una iniciativa de Banco Provincia destinada a fortalecer la articulación con los gobiernos locales y acercar herramientas financieras para acompañar y optimizar la gestión municipal.

El intendente Bali Bucca acompañó la jornada, que reunió a secretarios de Hacienda, contadores y tesoreros de los distintos municipios. El espacio permitió abordar desafíos comunes de las administraciones locales, intercambiar experiencias y conocer las herramientas que Banco Provincia y las empresas que integran Provincia Servicios Financieros ponen a disposición de los gobiernos municipales.

Participación de la región

El encuentro se desarrolló en el Centro Regional Universitario de Bolívar (CRUB) y contó con la participación de funcionarios y equipos técnicos de la sección, entre ellos 25 de Mayo, General Alvear, Tapalqué, Olavarría, Azul y Saladillo, además de otros distritos como Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Carlos Casares y Nueve de Julio.

"Incluir Municipios" forma parte de una política de vinculación territorial que busca mantener un diálogo directo con los municipios, conocer sus necesidades y generar respuestas que contribuyan a mejorar los procesos administrativos y financieros de cada distrito.

Balance del encuentro

En representación del Municipio de Bolívar participaron el secretario de Hacienda, Javier Erreca, junto a Marcelo D'Aloia, Marcelo Lazarte y Adrián Rivero, integrantes del equipo municipal.

"Fue una jornada muy positiva y enriquecedora, porque nos permitió conocer nuevas herramientas que el Banco Provincia puede aportar a los municipios, intercambiar experiencias y buenas prácticas con otros distritos y, especialmente, avanzar en posibles beneficios para los empleados municipales y en nuevas alternativas de financiamiento para inversiones en equipamiento municipal", destacó el secretario de Hacienda, Javier Erreca.

Vínculo institucional

"La elección de Bolívar como sede de este encuentro regional fortalece el vínculo institucional con Banco Provincia y con los municipios de la región, promoviendo una agenda de cooperación que permite compartir experiencias y avanzar en herramientas concretas para una gestión pública más eficiente", indicaron desde el Gobierno bolivarense.

"Desde el Municipio se continúa promoviendo la articulación con organismos provinciales y gobiernos locales como una herramienta fundamental para fortalecer las capacidades del Estado y brindar mejores respuestas a la comunidad", cerraron.

En el marco de la ambiciosa transformación del mercado inmobiliario impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, el discurso corporativo de los colegios profesionales ha comenzado a mostrar sus grietas. 

El presidente del Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, Luis Colao, ha defendido fervientemente la colegiación obligatoria como la única “garantía para el inversor” y un baluarte contra las estafas. A su vez, al defender las competencias del colegio profesional, Colao indicó: “Nuestro control es estatal, el Estado delega esa función en el colegio profesional por lo que nuestra actividad está resguardada por la constitución provincial”.

Sin embargo, los antecedentes históricos y la realidad operativa de estas instituciones contradicen sistemáticamente este argumento de “seguridad jurídica”. El ejemplo más contundente que utilizan los analistas para refutar la supuesta protección de los Colegios es el escándalo de la “Liga de Compradores” en Mar del Plata. 

Durante años, esta organización delictiva operó con métodos mafiosos, aprietes y agresiones físicas para manipular subastas judiciales, y lo hizo dentro del propio salón de remates del Colegio de Martilleros local.

En ese sentido, tal como señalan diversos profesionales, resulta contradictorio que las autoridades que hoy reclaman ser garantes de la transparencia hayan permitido, por omisión o presunta connivencia, que este grupo actuara con total impunidad bajo su propio techo. 

Mientras ex directivos como Miguel Ángel Donsini intentaron deslindar responsabilidad alegando que la institución solo “alquilaba el salón”, la Justicia ya ha avanzado con condenas y un juicio oral que busca exponer la red de contactos que permitió a estos “apretadores” adueñarse de bienes a precios irrisorios ante el silencio institucional.

Inacción en La Plata ante los loteos ilegales

La situación en la capital bonaerense no es muy distinta. A pesar de la existencia de la colegiación obligatoria, la ciudad de La Plata ha sido escenario de una proliferación de loteos ilegales y estafas inmobiliarias en zonas como Los Hornos, Lisandro Olmos y Arana.

En este contexto, el propio municipio ha tenido que tomar la iniciativa, realizando clausuras y denuncias penales contra desarrolladoras y franquicias como Century 21 por comercializar terrenos sin habilitación municipal.

Este escenario ha llevado a las autoridades municipales a reclamar una mayor proactividad en la prevención por parte del Colegio de Corredores local, dado que la fiscalización institucional parece no haber sido suficiente para evitar que cientos de familias invirtieran sus ahorros en proyectos inviables y carentes de servicios básicos. 

Lejos de ser una solución, el sistema colegiado ha acumulado denuncias por “malos manejos” y falta de control sobre profesionales que promocionan inmuebles no aptos para la venta.

Mientras tanto, desde la perspectiva del Gobierno, la fijación de aranceles mínimos por parte de los Colegios es una “aberración social” que encarece innecesariamente los costos de intermediación y actúa como una barrera a la libre competencia. 

La propuesta oficial no busca eliminar la profesión, sino transformar la colegiación en un acto voluntario, permitiendo que la seguridad jurídica emane de donde realmente corresponde: el Poder Judicial, los escribanos y los organismos de defensa del consumidor.

La resistencia de dirigentes como Colao, basada en normativas que muchos consideran obsoletas, parece responder más a la defensa de un “monopolio corporativo” que a una preocupación real por el ciudadano, tal como han denunciado diversos protagonistas del sector. 

En un mundo que exige modernización tecnológica –terreno donde distintos Colegios ya han demostrado falencias graves–, la apertura del mercado se presenta como el camino para devolver la transparencia.

Un proyecto presentado en el Senado bonaerense busca que los municipios puedan relevar, recuperar y administrar caminos rurales que se encuentren en desuso o tengan una baja funcionalidad vial y, bajo determinadas condiciones, autorizar actividades productivas sobre esas trazas.

La iniciativa pertenece a la senadora María Inés Laurini, integrante del bloque Fuerza Patria por la Séptima sección electoral, y propone crear un régimen provincial al que los municipios podrán adherir.

La propuesta no contempla la venta ni la privatización de los caminos. Por el contrario, establece que deberán conservar su condición de bienes del dominio público y quedar disponibles ante futuras necesidades de circulación, conectividad o infraestructura.

Qué podrían hacer los municipios

Los distritos que adhieran al régimen podrían crear un Registro Municipal de Caminos Rurales en Desuso de Hecho o con Baja Funcionalidad Vial.

Allí se identificarían y clasificarían las trazas según su situación: caminos que deberían recuperarse o reabrirse, otros que podrían conservarse como reserva territorial y aquellos en los que eventualmente sería posible autorizar un uso alternativo.

Para determinarlo, los municipios podrían realizar relevamientos catastrales, jurídicos, ambientales, hídricos y territoriales y verificar, entre otros puntos, la ubicación, extensión, estado de conservación y existencia de ocupaciones o cierres.

La propuesta también habilita acciones de custodia, señalización, recuperación y control.

Pastoreo, colmenas y otros usos productivos

Una de las novedades es la posibilidad de autorizar usos especiales compatibles con la condición pública del camino.

Entre las alternativas planteadas aparecen actividades como el pastoreo, la instalación de colmenas o proyectos de huertas comunitarias.

Esos usos podrían instrumentarse mediante permisos, concesiones o convenios y eventualmente incluir el pago de un canon por parte de particulares, productores o empresas.

Sin embargo, el proyecto establece que cualquier autorización deberá ser precaria, temporaria y revocable y no generará derechos de propiedad, posesión ni indemnización sobre la tierra. Tampoco implicará el cierre definitivo o la desafectación del camino.

A qué se destinaría el dinero recaudado

La propuesta establece que los recursos obtenidos mediante estos mecanismos deberán destinarse prioritariamente al mantenimiento y mejoramiento de la red vial municipal.

También podrían utilizarse para obras y servicios rurales, infraestructura comunitaria, ordenamiento territorial y gestión hídrica.

Laurini sostiene que el objetivo es evitar que las trazas que dejaron de utilizarse queden expuestas a ocupaciones de hecho o apropiaciones particulares y, al mismo tiempo, permitir que los municipios aprovechen temporalmente esos espacios.

Los caminos seguirían siendo públicos

El proyecto define como camino en “desuso de hecho” aquel en el que pueda comprobarse técnicamente que ya no existe una utilización pública actual.

También incorpora la categoría de “baja funcionalidad vial” para las trazas cuya capacidad para cumplir su función habitual de circulación se encuentre reducida.

En ambos casos, la autorización de actividades alternativas no impediría que el Estado vuelva a destinar esos caminos a circulación, transporte escolar, acceso sanitario, manejo hídrico u otras necesidades de interés público.

La iniciativa recién comienza su recorrido legislativo en el Senado bonaerense y deberá atravesar el tratamiento en comisiones antes de poder llegar al recinto. Por lo tanto, las nuevas facultades todavía no están vigentes y dependerán de que el proyecto sea aprobado por la Legislatura.

El debate por las reglas electorales en la provincia de Buenos Aires dejó de ser una charla de pasillo para convertirse en la bandera de un sector que reclama protagonismo. En una entrevista exclusiva con el programa Lado P, el intendente de Pilar, Federico Achával, se transformó en el vocero de la denominada “Liga de Intendentes Peronistas”, un grupo que acaba de mostrar músculo político en la Quinta de San Vicente y que busca consolidarse como la “cuarta pata” de la mesa de negociación del PJ bonaerense.

El planteo de los intendentes es levantar la bandera de la gestión local y garantizarse un asiento en la acotada mesa en la que se discutirán las candidaturas a gobernador el año que viene. En Gobernación plantean que en ese armado hay “al menos tres buenos candidatos” y los instan a recorrer. Sin embargo, las desconfianzas y los recelos están a la orden del día.

En lo concreto, hay dos puntos de contacto: reelecciones y desdoblamiento electoral, dos herramientas de indudable peso electoral para el peronismo. Para Achával, la discusión sobre las reelecciones indefinidas es, ante todo, una cuestión de soberanía popular y eficacia administrativa.

“Hay que levantar la prohibición porque hay que darle libertad al pueblo a elegir”, sentenció el jefe comunal, advirtiendo que el límite actual priva a los bonaerenses de “potencialidad de gestión”. El pilarense utilizó su propia trayectoria como argumento: “Hoy soy mejor intendente que hace 6 años; aprendí a manejar mejor el municipio”.

La estructura que Achával representa acaba de formalizar la incorporación de su integrante número 12: el intendente de Baradero, Esteban Sanzio.

Actualmente, el espacio está integrado por: Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Mariel Fernández (Moreno), Gustavo Menéndez (Merlo), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Juan de Jesús (La Costa), Federico Susbielles (Bahía Blanca) y Esteban Sanzio (Baradero).

Este bloque no oculta su ambición para el 2027. Si bien Achával reconoció la gestión de Axel Kicillof, especialmente en materia educativa, lanzó el deseo central de la Liga: “Lo que nosotros sí queremos es que un intendente sea el próximo gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires”.

Respecto a la posibilidad de separar las elecciones bonaerenses de las nacionales, Achával planteó una mirada pragmática. El intendente señaló que la elección concurrente (unificada) es la mejor opción si el peronismo logra construir una alternativa competitiva contra el modelo de Javier Milei. No obstante, admitió que si no hay una estrategia común, “fortalecer los gobiernos locales y provinciales” mediante el desdoblamiento es una herramienta válida de resguardo.

La primera muestra de esta unidad de acción de la Liga fue su movilización al Congreso para rechazar la reforma de la Ley de Tierras promovida por la Casa Rosada. Allí fueron recibidos por senadores del oficialismo y concertaron reuniones de alto nivel.

Un gesto interesante que se combina con una agenda que abarca un espectro amplio, desde el reclamo por la creación de policías locales y una matriz productiva que integre la potencia de los puertos como el de Bahía Blanca con el desarrollo de municipios ganaderos y turísticos como Dolores o Tapalqué.