El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría aprobó una ordenanza que establece la gratuidad de la atención sanitaria municipal para todas aquellas personas que no cuentan con obra social, prepaga ni cobertura médica. La medida alcanza al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, los hospitales de las localidades, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y demás efectores del sistema público local.

La iniciativa fue impulsada por el Departamento Ejecutivo encabezado por el intendente Maximiliano Wesner y recibió el acompañamiento del bloque Fuerza Patria. En cambio, los bloques opositores —entre ellos La Libertad Avanza, PRO, UCR, Juntos por Olavarría, Por Más Libertad y Partido Libertario— votaron en contra al plantear dudas sobre el impacto presupuestario de la decisión.

La nueva normativa también contempla la condonación de las deudas generadas por pacientes sin cobertura médica que habían sido atendidos bajo distintos esquemas de arancelamiento hospitalario.

Un cambio en el modelo de acceso al sistema sanitario municipal

Desde el oficialismo explicaron que la medida busca eliminar barreras económicas para el acceso a la salud y consolidar un esquema en el que ningún vecino deba dejar de atenderse por no poder afrontar un costo.

La eliminación de los aranceles ya había sido anunciada por la gestión municipal en 2025 para las personas con cobertura pública exclusiva, es decir, aquellas que no poseen obra social ni prepaga. En ese momento, el Municipio informó que el cambio alcanzaba al Hospital Héctor Cura, hospitales serranos y CAPS.

El director del Hospital Municipal, Fernando Alí, había señalado que la medida beneficiaba a una parte importante de la población local y que el impacto presupuestario era acotado en relación con el presupuesto sanitario.

Desde la comuna aclararon que la gratuidad no elimina los mecanismos de recupero de costos: las prestaciones seguirán siendo facturadas cuando corresponda a obras sociales, prepagas, ART o compañías aseguradoras. El cambio apunta específicamente a quienes no tienen ningún tipo de cobertura.

El debate político por los recursos

Durante la sesión, el oficialismo defendió la ordenanza como una política vinculada al derecho a la salud. La concejal Natalia Álvarez sostuvo que la decisión busca evitar que la situación económica sea un impedimento para recibir atención.

Desde la oposición, en cambio, el eje de la discusión estuvo puesto en la capacidad financiera del Municipio para sostener el sistema. Los concejales opositores plantearon que garantizar una atención gratuita requiere contar con recursos suficientes y reclamaron mayores precisiones sobre la planificación económica de la medida.

El debate se da en un contexto de fuerte presión sobre los sistemas de salud públicos municipales, con aumento de costos de insumos, medicamentos y prestaciones, mientras los municipios enfrentan mayores demandas de atención.

El Hospital Héctor Cura, pieza central del sistema local

El Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” es el principal efector sanitario de Olavarría y uno de los centros de mayor complejidad de la región centro de la provincia. Según información del Concejo Deliberante local, el establecimiento concentra servicios de alta complejidad y articula con hospitales de localidades y CAPS del distrito.

La gestión de Wesner había colocado la recuperación del sistema sanitario como uno de sus ejes de gobierno. En sus discursos iniciales, el intendente había planteado como objetivo fortalecer la red municipal y recuperar el acceso universal a la atención pública.

Con la aprobación de la ordenanza, Olavarría formalizó un cambio en el esquema de atención municipal y abrió una nueva discusión sobre el rol del Estado local en la garantía del acceso a la salud y los recursos necesarios para sostenerlo.

Las restricciones en el suministro de gas comenzaron a impactar de lleno en la industria ceramista bonaerense. Mientras empresarios del Gran La Plata alertaron por las consecuencias sobre la producción y el empleo, en Olavarría una de las principales fábricas del sector adelantó la paralización de una de sus plantas en medio de la crisis energética.

La advertencia fue realizada por la Unión Industrial del Gran La Plata (UIGLP), que expresó su preocupación por los cortes de gas que afectan a la actividad manufacturera durante el invierno. Entre los sectores más comprometidos se encuentra el de los fabricantes de ladrillos huecos, cuya producción depende de un suministro continuo de gas natural.

Preocupación por la producción y el empleo

Desde la entidad señalaron que la interrupción del servicio obliga a detener hornos y procesos productivos esenciales, reduciendo la capacidad de fabricación de las empresas. Aunque existe la posibilidad de reemplazar el gas por otros combustibles, remarcaron que los costos resultan inviables para un sector que ya enfrenta una fuerte caída de la actividad.

"Para muchas empresas, especialmente las PyMEs, afrontar esos costos extraordinarios es simplemente imposible", advirtieron desde la UIGLP.

Los industriales también alertaron que, si las restricciones continúan, podrían producirse faltantes de ladrillos huecos, lo que impactaría sobre la cadena de la construcción y retrasaría tanto obras privadas como proyectos públicos.

Además, remarcaron que detrás de cada planta existen cientos de puestos de trabajo directos e indirectos que dependen de la continuidad de la producción.

Cerro Negro adelantó la paralización

La crisis ya tuvo efectos concretos en Olavarría, donde la empresa Cerro Negro decidió adelantar la suspensión de la producción en su planta de ladrillos, una medida que originalmente estaba prevista para comienzos de julio.

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría (SOECO), Gustavo Bustamante, explicó que la falta de gas aceleró una decisión que ya se analizaba debido al exceso de stock y la caída de las ventas.

Según detalló, la planta permanecerá paralizada durante 60 días, mientras que la línea de producción de pisos continuará operando con normalidad.

Un problema que va más allá del gas

Desde el gremio sostienen que las restricciones energéticas terminaron profundizando una crisis que el sector arrastra desde hace meses.

Bustamante aseguró que la baja demanda es el principal problema de la actividad y sostuvo que, de existir mayores niveles de ventas, las empresas podrían absorber el mayor costo del combustible sin detener la producción.

En ese contexto, advirtió que las suspensiones son cada vez más frecuentes y reflejan las dificultades que atraviesa una industria intensiva en consumo energético, afectada por la combinación de altos costos operativos y una demanda que aún no logra recuperarse.

El Municipio de Bolívar, junto al Consejo Escolar y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, realizó una nueva entrega de equipamiento destinado a fortalecer el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en instituciones educativas del distrito.

La jornada se desarrolló en el Club Talleres y reunió a representantes de establecimientos de distintos niveles y modalidades. En esta oportunidad, fueron beneficiadas 41 instituciones educativas con elementos de cocina, vajilla y utensilios destinados a acompañar las tareas diarias vinculadas a las prestaciones alimentarias.

Más de 8 mil elementos para instituciones educativas

El equipamiento entregado incluyó 8.118 artículos adquiridos con una inversión total de $50.334.298. Los recursos fueron destinados a siete jardines de nivel inicial, 18 escuelas primarias, nueve establecimientos secundarios, cuatro instituciones de la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social y tres de Educación Especial.

Los elementos permitirán acompañar el trabajo cotidiano de las cocinas escolares y mejorar las condiciones en las que se desarrollan los servicios de desayuno, almuerzo y merienda que reciben estudiantes del distrito.

Durante la actividad participaron el intendente Eduardo “Bali” Bucca; el director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano; la secretaria de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, Magalí Tullio; la jefa distrital de Educación, Luján Berdesegar; el presidente del Consejo Escolar, Daniel Lista; junto a consejeros escolares y representantes del Concejo Deliberante.

Una política articulada entre Provincia y Municipio

La entrega forma parte de las acciones impulsadas por la Dirección Provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, en articulación con la Dirección General de Cultura y Educación.

El Servicio Alimentario Escolar es una herramienta destinada a acompañar a las comunidades educativas mediante la provisión de alimentos en establecimientos de gestión estatal y requiere del trabajo conjunto entre organismos provinciales, municipios y consejos escolares.

“El trabajo mancomunado resulta más fácil”

Durante el acto, el intendente Eduardo “Bali” Bucca destacó la importancia de la articulación entre las distintas áreas y expresó: “Este acto es la materialización de un proyecto que tuvo un recorrido, una planificación y una articulación entre el Consejo Escolar con las comunidades educativas”.

Además, agregó: “Esto nos llena de energía para seguir construyendo entre todos, no podemos quedarnos inactivos, tenemos que gestionar y los convoco a trabajar en comunidad en este contexto difícil que atravesamos. En el Municipio tienen que sentir el cobijo y el amparo para resolver cuestiones que suceden en las escuelas, el trabajo mancomunado resulta más fácil”.

Por su parte, Bruno Bozzano resaltó que los elementos fueron adquiridos a proveedores locales y afirmó: “Todo el equipamiento fue adquirido con proveedores de la localidad, son 50 millones de pesos que el Consejo Escolar de Bolívar tomó la decisión que queden en el distrito, es de destacar y felicitar”.

Fortalecer las condiciones de las escuelas

Desde el Consejo Escolar destacaron que la incorporación de estos recursos representa una mejora para las instituciones educativas y para quienes trabajan diariamente en la preparación de los alimentos.

En ese sentido, Daniel Lista señaló: “Recibir este equipamiento es una decisión y acción política que define los rasgos de una gestión que se ocupa por la educación”.

La entrega se suma a las acciones de acompañamiento que llevan adelante el Municipio de Bolívar, la Provincia y las comunidades educativas para fortalecer el funcionamiento del SAE y garantizar mejores condiciones para estudiantes y trabajadores de las escuelas del distrito.

El Gobierno nacional anunció que pagará en julio un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cobran la mínima y que liquidará la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La decisión fue oficializada este jueves a través de la publicación del decreto 532 en el Boletín Oficial.

La medida alcanza a los titulares de prestaciones contributivas a cargo de la Anses e incluye a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.

El decreto mantiene el esquema de pago y las condiciones de acceso. Es decir, quienes perciban por la suma de todas sus prestaciones vigentes un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado recibirán el bono completo.

Para aquellos cuyos haberes superen ese piso, el monto del beneficio se limitará a la diferencia necesaria para alcanzar el tope resultante de sumar el haber mínimo más los $70.000. El objetivo es evitar que el cobro del bono genere inequidades entre quienes se encuentran cerca del piso previsional.

La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de ocho nuevos parques solares que buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico y ampliar la generación de energías renovables en distintas localidades del territorio bonaerense.

Las obras forman parte del Plan de Generación Distribuida Solar impulsado por la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, junto al Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (FREBA), a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED).

De los ocho proyectos previstos, cinco ya se encuentran en ejecución en Alberti, 16 de Julio (Azul), Pehuen-Có (Coronel Rosales), Pipinas (Punta Indio) y San Cayetano.

Parques con almacenamiento para mejorar el servicio

Los nuevos desarrollos permitirán sumar 3,5 megawatts de potencia fotovoltaica y 2.900 kilowatt hora de almacenamiento energético.

En los casos de San Cayetano y Pehuen-Có, los parques incorporarán sistemas de baterías, una tecnología que permite almacenar energía y utilizarla para responder a demandas específicas de la red, especialmente en momentos de mayor consumo.

Desde la Provincia explicaron que estas obras están destinadas principalmente a localidades ubicadas en “punta de línea”, es decir, zonas que se encuentran en el extremo de las redes de distribución eléctrica y que pueden sufrir mayores dificultades ante fallas o interrupciones del sistema.

Nuevos proyectos en licitación

Además de las cinco obras en marcha, otros tres parques solares se encuentran en proceso de licitación.

Se trata de los proyectos previstos en Castilla (Chacabuco), Marisol (Coronel Dorrego) y Gorchs (General Belgrano).

El parque de Castilla tendrá una potencia de 400 kWp y será operado por la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco. Su objetivo será reforzar el abastecimiento en una zona donde las características de la red generan limitaciones en la calidad del servicio.

En Marisol se proyecta una instalación de 200 kWp con un sistema de almacenamiento de 1.500 kWh, mientras que Gorchs contará con una potencia de 400 kWp y un sistema de acumulación de 1.600 kWh para mejorar la respuesta de una red con extensas líneas de distribución y usuarios rurales e industriales.

Impacto ambiental y energético

Con la puesta en funcionamiento de estas instalaciones, prevista para 2027, la Provincia alcanzaría un total de 34 parques solares operativos y una potencia fotovoltaica instalada de 12 MWp.

En conjunto, los nuevos desarrollos permitirán generar alrededor de 21.000 MWh anuales, una cantidad de energía equivalente al consumo aproximado de 7.000 hogares bonaerenses.

Además, según informaron desde el Gobierno provincial, la incorporación de estas fuentes renovables permitirá evitar la emisión de más de 11.000 toneladas de dióxido de carbono por año y avanzar en la transición energética del sistema eléctrico bonaerense.

El objetivo de la actividad es compartir las experiencias educativas que se desarrollan en cada institución, analizar proyectos que podrían impulsarse de manera conjunta, fomentar la participación ciudadana activa y escuchar la voz e inquietudes de la juventud. Además de promover la construcción colectiva de soluciones para hacer frente a las problemáticas comunes.

            En este marco, entre las temáticas analizadas en cada ocasión se encuentran seguridad vial, estrategias para el cuidado de la salud mental, el estado de las calles, prácticas profesionalizantes, expectativas en torno a la formación y desarrollo profesional en Azul, salida laboral, la realidad productiva local (canteras y minería, transformador, turismo, hormigonera), entre otros.

            Estas reuniones con estudiantes secundarios continuarán en las próximas semanas con otros establecimientos educativos.

El Honorable Concejo Deliberante de 25 de Mayo aprobó el programa municipal “Paremos la Pelota”, una iniciativa impulsada por el intendente Ramiro Egüen que busca establecer herramientas para prevenir, abordar y sancionar situaciones de violencia dentro del ámbito deportivo local.

La propuesta establece un marco de actuación para proteger a deportistas, árbitros, dirigentes, entrenadores, trabajadores del deporte y espectadores frente a hechos que afecten la convivencia y el desarrollo de las actividades.

Una herramienta con sanciones y prevención

El proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal incorpora un régimen específico para intervenir ante episodios de violencia vinculados al deporte.

Entre las medidas contempladas se incluyen apercibimientos, multas económicas, prohibición de ingreso a eventos deportivos organizados o acompañados por el Municipio y capacitaciones obligatorias para quienes sean sancionados.

Además, la ordenanza prevé la creación de un Registro Municipal de Personas Sancionadas por Violencia en el Deporte, una herramienta destinada a fortalecer el seguimiento de las medidas aplicadas.

El foco puesto en clubes y espacios deportivos

La iniciativa también contempla acciones de prevención, como campañas de concientización, talleres en escuelas y clubes, capacitaciones para árbitros y dirigentes, y protocolos de intervención ante situaciones consideradas graves.

Desde el Ejecutivo local señalaron que el objetivo es acompañar a las instituciones deportivas y preservar estos espacios como ámbitos de formación, encuentro y participación comunitaria.

El debate en el Concejo Deliberante

La aprobación de la ordenanza contó con el respaldo del oficialismo y sectores del peronismo, mientras que La Libertad Avanza no acompañó la propuesta.

Tras la sanción, el intendente Ramiro Egüen destacó la importancia de avanzar con una normativa específica para abordar una problemática que atraviesa a distintas disciplinas deportivas.

Con esta nueva herramienta, el Municipio de 25 de Mayo busca establecer un esquema que combine sanciones frente a hechos de violencia con políticas de prevención y formación dentro de los clubes y espacios deportivos del distrito.

Saladillo anunció una nueva edición del programa que reconoce a los contribuyentes cumplidores. La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente José Luis Salomón, sorteará más de $8 millones entre los vecinos que mantuvieron al día el pago de las tasas municipales.

El anuncio fue realizado a través de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Gustavo Ramundo, que confirmó que el sorteo se llevará a cabo el próximo 18 de agosto. La propuesta se repite por varios años consecutivos como una herramienta para incentivar el cumplimiento tributario.

Cómo será el sorteo para los contribuyentes

El director de Ingresos Públicos, Darío Spavento, detalló la distribución de los premios que estarán en juego durante la jornada.

El primer premio será de $2 millones, mientras que el segundo alcanzará $1 millón. El tercer ganador recibirá $600 mil, el cuarto $400 mil y el quinto $300 mil.

Además, desde el sexto hasta el vigésimo premio se entregarán $250 mil para cada beneficiario. De esta manera, el monto total destinado al reconocimiento superará los $8 millones.

Quiénes podrán participar

Las autoridades municipales explicaron que ingresarán al sorteo principal aquellos contribuyentes que se encuentren al 100% al día con el pago de las tasas locales.

Por otra parte, quienes mantengan planes de pago vigentes también podrán participar, aunque únicamente en los sorteos correspondientes desde el cuarto hasta el vigésimo premio.

Darío Spavento recordó que este beneficio se suma a otro incentivo que ya tienen los vecinos cumplidores. En ese sentido, señaló que los contribuyentes que abonan en tiempo y forma acceden a un descuento del 12% sobre el valor de las tasas.

El funcionario destacó que la medida representa “una forma de reconocimiento al esfuerzo de los contribuyentes que día a día pagan sus tasas y se encuentran al día”.

Con esta nueva edición, el municipio de Saladillo volvió a apostar por un esquema de premios destinado a fortalecer el cumplimiento fiscal y reconocer a quienes sostienen regularmente sus obligaciones tributarias.

La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA) puso bajo observación a Mercado Pago por el funcionamiento de una de las modalidades de su prode del Mundial 2026, denominado "Fixture 2026". Tras una serie de reuniones con los organismos reguladores, la empresa realizó modificaciones en la plataforma para evitar posibles conflictos con la legislación vigente.

El cuestionamiento se centró en la modalidad "Torneo con Amigos", que permitía a los usuarios organizar competencias privadas. Según explicó ALEA, algunas características del sistema podían interpretarse como un mecanismo de captación de apuestas sin autorización, una práctica contemplada en el artículo 301 bis del Código Penal.

Ante esta situación, los organismos encargados de regular la actividad lúdica en Argentina iniciaron conversaciones con la compañía para analizar los términos y condiciones de la propuesta y evaluar posibles ajustes.

La presidenta de ALEA, Ida López, aseguró que las diferencias fueron resueltas mediante una instancia de diálogo con la empresa. "Las diferencias ya fueron saldadas y la propuesta sigue vigente", afirmó.

Los cambios que realizó Mercado Pago

La principal modificación se aplicó justamente en los torneos privados. Según informaron desde ALEA, inicialmente los participantes podían incluir referencias a montos de dinero simbólicos dentro de las competencias.

Tras las observaciones realizadas por los reguladores, esa opción fue reformulada. Desde ahora, los usuarios solo pueden elegir entre las modalidades "Amistoso" y "Por los Porotos", sin que la plataforma intervenga en eventuales acuerdos entre los participantes.

Desde Mercado Pago rechazaron que se trate de una actividad de apuestas y remarcaron que "Fixture 2026" es una propuesta gratuita para mayores de 18 años. Según explicaron, los usuarios realizan pronósticos sobre los resultados de los partidos, acumulan puntos y compiten por premios, sin que exista recaudación ni distribución de dinero entre participantes.

La iniciativa ofrece premios diarios, órdenes de compra y una recompensa final de hasta 50.000 dólares para quienes lideren la clasificación general. De acuerdo con datos de la compañía, el juego ya supera los 2,3 millones de participantes y acumula más de 60 millones de predicciones realizadas.

Desde ALEA destacaron que el proceso se desarrolló en un marco de cooperación institucional y señalaron que continuarán monitoreando este tipo de propuestas para garantizar el cumplimiento de las normas que regulan la actividad.

El Departamento Ejecutivo de Olavarría elevó al Honorable Concejo Deliberante una serie de proyectos de ordenanza que buscan reducir la presión tributaria sobre pequeños comerciantes, emprendedores y vecinos que atraviesan dificultades económicas.

La iniciativa se da en un contexto de menor actividad comercial, caída del consumo y dificultades para sostener la rentabilidad de distintos sectores productivos, una situación que también se refleja en otros distritos bonaerenses.

Exención de tasas para pequeños comercios

El proyecto principal contempla la exención del 100% de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene para los contribuyentes de categoría fija durante los meses de agosto, septiembre y octubre, con la posibilidad de extender el beneficio según la evolución de los indicadores económicos.

La medida está orientada a pequeños comercios, emprendimientos familiares, talleres y prestadores de servicios que forman parte del entramado económico local.

Desde el Municipio señalaron que la propuesta busca acompañar a quienes sostienen actividades de menor escala y contribuir a preservar fuentes de trabajo vinculadas al comercio y los servicios.

Un escenario marcado por menor consumo

La presentación de estas medidas ocurre en un escenario económico complejo. Si bien los indicadores oficiales muestran una desaceleración de la inflación, distintos relevamientos vienen marcando que esa mejora todavía no se traduce en una recuperación sostenida del consumo.

El aumento de costos operativos, la pérdida de poder adquisitivo y la retracción de las ventas continúan afectando especialmente a los comercios de cercanía y a los pequeños emprendimientos.

Datos del INDEC y relevamientos de cámaras empresarias reflejan que el mercado interno atraviesa dificultades, con sectores que todavía no logran recuperar los niveles de actividad previos a la desaceleración económica.

Cambios en beneficios para jubilados y pensionados

Además del alivio destinado al sector comercial, el Ejecutivo local presentó modificaciones al régimen de exenciones para jubilados y pensionados.

La propuesta apunta a actualizar los criterios de acceso a los beneficios tributarios y ampliar la cobertura para vecinos que enfrentan mayores dificultades económicas.

El objetivo es establecer un esquema más flexible que contemple distintas realidades y facilite el cumplimiento de las obligaciones municipales.

Ahora será el Concejo Deliberante el encargado de analizar ambas iniciativas y definir si avanzan para transformarse en ordenanzas municipales.

Desde la gestión de Maximiliano Wesner indicaron que las medidas forman parte de una política de acompañamiento frente al actual escenario económico, con foco en sostener la actividad local y reducir el impacto sobre los sectores más afectados.

El proyecto, impulsado por la gestión del intendente Maximiliano Wesner, en el marco del programa de infraestructura escolar prevé una inversión superior a los 100 millones de pesos y permitirá mejorar distintas instalaciones de dicho establecimiento, teniendo en cuenta el pliego elaborado por el área de Obras Públicas del Municipio.

La intervención comprende la construcción de un aula, una cocina – comedor y totalmente equipada, sanitario y oficina, con instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y desagües pluviales en los sectores intervenidos. Asimismo se realizará la colocación de nuevas aberturas, cielorrasos con placas de yeso y tareas de pintura tanto de interior como exterior.

Durante el acto licitatorio se presentaron dos ofertas económicas:

–           Proponente Nº 1: Pecma S.R.L. quien cotizó la suma de $144.940.800,29.

–           Proponente Nº 2: Vigas y Bloques S.R.L. quien cotiza la suma de $135.249.660.

Este tipo de obras que se encuentran en marcha en distintas escuelas del Partido de Olavarría, están destinadas a mejorar los distintos espacios y reorganizar su funcionamiento diario, en beneficio de los estudiantes, docentes y de toda la comunidad educativa, para garantizar una educación de calidad para todos.

Legisladores bonaerenses advirtieron sobre el impacto de los cortes en estaciones de servicio e industrias de la provincia de Buenos Aires. El diputado de Saladillo Ricardo Lissalde (Fuerza Patria, Séptima Sección) señaló que las bajas temperaturas volvieron a exponer problemas estructurales de infraestructura energética.

Fue durante una reunión de la Comisión de Energía y Combustibles, presidida por el diputado de la Coalición Cívica, José Andrés De Leo, (Sexta Sección) donde se manifestó la preocupación por el inicio del invierno y el faltante de GNC.

Preocupación
Lissalde, sostuvo que “hay interrupciones en el suministro para las estaciones de servicio de GNC y parte de la industria está recibiendo restricciones en la provisión de gas”. La ola de frío anticipada volvió a poner en evidencia, por tercera vez, las dificultades en el abastecimiento energético en gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Los municipios del interior bonaerense y grandes centros urbanos como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca reflejan la precariedad y la falta de inversiones en infraestructura gasífera. Los principales perjudicados son los conductores de vehículos de transporte y las pequeñas distribuidoras, situación que genera inconvenientes y pérdidas de ingresos.

Desde el domingo, la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana mantiene restricciones en el suministro de GNC, la situación generó largas filas en las estaciones habilitadas y preocupación entre trabajadores del transporte y sectores productivos que dependen del suministro de gas para mantener su actividad.

Según informaron desde la empresa proveedora del recurso, las estaciones de servicio con “contratos interrumpibles” recibieron notificaciones para que suspendan el suministro. Por eso, sólo quedaron una decena de sitios para cargar en ciudades como La Plata, lo que provocó colas interminables de autos.

Este tipo de determinaciones se han vuelto frecuentes en esta época del año y tienen como principal finalidad asegurar el suficiente volumen de presión para abastecer la red domiciliaria, desde donde por estos días y horas se recurre y mucho a todo el equipamiento de calefacción, que en su mayoría tiene funcionamiento a gas.

El gremio docente Suteba Multicolor convocó a un paro para este jueves 18 en establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una jornada de lucha nacional. La medida podría afectar el normal dictado de clases en distintos colegios.

Desde el sector disidente informaron que la protesta se desarrollará como parte de un paro provincial, con el objetivo de visibilizar reclamos vinculados a las condiciones laborales, salariales y edilicias en el sistema educativo bonaerense.

Entre los principales pedidos se encuentra un salario equivalente al valor de la canasta familiar por cargo. Además, exigen la creación de cargos faltantes, una mayor inversión en infraestructura escolar y un incremento del presupuesto destinado a educación.

El pliego de demandas también incluye la defensa de las jubilaciones y el rechazo a políticas de ajuste. En ese sentido, el gremio planteó la necesidad de reforzar los recursos destinados al funcionamiento de las escuelas.

Otro de los puntos señalados por la organización sindical refiere a situaciones de violencia en distintos establecimientos educativos, sobre las que reclamaron medidas específicas para su abordaje.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) quedó intervenida por decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo después de una escalada de denuncias por fraude electoral, destrucción de urnas y el incumplimiento de una orden judicial que terminó por dejar sin sustento la continuidad de Abel Furlán al frente del sindicato.

La resolución dispuso la anulación de las elecciones nacionales del gremio, el desplazamiento de las autoridades surgidas de ese proceso y una intervención por 180 días. El fallo representó uno de los golpes institucionales más importantes para la organización metalúrgica en las últimas décadas.

Detrás de la decisión judicial quedaron denuncias de irregularidades en la seccional Zárate-Campana, acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición y una interna que terminó por fracturar el equilibrio de poder dentro de la estructura sindical.

Fraude electoral y urnas incendiadas en Campana

El conflicto se originó durante los comicios realizados entre el 2 y el 4 de marzo en Campana, una de las seccionales históricamente vinculadas al liderazgo de Furlán. Allí, la Lista Naranja opositora, encabezada por Ángel Derosso, denunció una serie de maniobras que, según sostuvo, alteraron el desarrollo normal de la elección.

Entre las acusaciones figuraron la destrucción de más de 20 urnas, amenazas contra fiscales y la presencia de grupos ajenos a la actividad gremial que habrían actuado para intimidar a los votantes. La oposición afirmó que esos episodios afectaron la transparencia del proceso y condicionaron el resultado final.

La Agrupación Azucena Villaflor profundizó los cuestionamientos. En un comunicado difundido tras la votación aseguró que, cuando la tendencia comenzó a favorecer a la oposición, aparecieron personas que “robaron y prendieron fuego las urnas” ante la pasividad de las fuerzas de seguridad.

Según la agrupación, un escribano y un veedor del entonces Ministerio de Trabajo registraron las irregularidades denunciadas. El espacio también apuntó contra la administración de recursos sindicales y cuestionó distintos aspectos de la gestión de la obra social metalúrgica.

Las críticas alcanzaron además a USEM, una firma vinculada al gremio. Los denunciantes reclamaron explicaciones sobre fondos que, según plantearon, no contaban con información pública suficiente sobre su utilización.

El fallo judicial que derrumbó la elección de la UOM

La resolución de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, firmada por los jueces Víctor Pesino y María Dora González, resultó contundente. Los magistrados concluyeron que el proceso electoral careció de las garantías mínimas necesarias para asegurar su transparencia.

El tribunal sostuvo que las anomalías detectadas no constituyeron hechos aislados ni simples problemas administrativos. Por el contrario, entendió que afectaron aspectos esenciales de la democracia sindical y comprometieron la confiabilidad de toda la elección nacional.

Para los jueces, las decisiones adoptadas por el oficialismo terminaron por destruir cualquier presunción de legitimidad sobre el resultado. Ese criterio abrió la puerta a la anulación completa de los comicios y a la intervención del sindicato.

Sin embargo, uno de los elementos que más pesó en la evaluación judicial fue lo ocurrido después de las denuncias. El pasado 17 de marzo, la Justicia había suspendido la proclamación de las autoridades surgidas de la elección de Campana mientras analizaba las impugnaciones presentadas.

La rebeldía judicial que aceleró la caída de Furlán

Pese a esa medida cautelar, la conducción encabezada por Abel Furlán avanzó con el congreso que terminó ratificando a las autoridades nacionales de la organización. La decisión fue interpretada por la Cámara como un incumplimiento de una orden judicial vigente.

Ese episodio se convirtió en uno de los principales fundamentos del fallo. Para los magistrados, la conducción de la UOM decidió continuar con el proceso electoral nacional cuando la validez de una de sus seccionales más importantes ya se encontraba bajo revisión judicial.

La controversia dejó de ser exclusivamente electoral y adquirió una dimensión institucional. La oposición interpretó que el oficialismo intentó consolidar su poder pese a las objeciones planteadas por la Justicia y por distintos sectores internos del sindicato.

La crisis también expuso una fractura que se profundizaba desde hacía meses. Las seccionales de Capital Federal, San Nicolás, Villa Constitución, Santa Fe y La Plata rechazaron la continuidad de Furlán y se alinearon con los cuestionamientos al proceso electoral.

Dirigentes históricos como Roberto Bonetti, Naldo Brunelli y Antonio Di Tomasso reaparecieron en una disputa que modificó el escenario político interno de la organización metalúrgica.

Mientras el sector desplazado buscaba revertir la resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el interventor judicial Alberto Biglieri asumió el control de la UOM con la misión de normalizar el funcionamiento institucional del gremio.

El desenlace del proceso definirá no sólo el futuro político de Abel Furlán, sino también el rumbo de una organización clave para el movimiento obrero argentino, atravesada por una de las crisis más profundas de los últimos años.

La confirmación de nuevas estaciones de peaje sobre la Ruta Nacional 3 volvió a poner en agenda un reclamo histórico de vecinos de Azul y localidades de la región: la construcción de la autovía para mejorar la seguridad vial y reducir los siniestros en uno de los corredores más importantes de la provincia.

Según informó la Dirección Nacional de Vialidad, dentro del nuevo esquema de concesión vial se instalarán dos estaciones de peaje sobre la Ruta 3 en el partido de Azul: una a la altura del kilómetro 290 y otra en el kilómetro 380, en cercanías de Chillar. La medida forma parte de la nueva Red Federal de Concesiones, que contempla la participación privada en la operación y mantenimiento de distintos corredores nacionales.

El reclamo que vuelve a escena

Frente a ese anuncio, vecinos autoconvocados por la Autovía de la Ruta 3, familiares de víctimas de siniestros viales y distintos sectores de la comunidad volvieron a expresar su preocupación por la falta de avances en una obra que consideran fundamental para la región.

El pedido apunta a transformar la actual traza en una autovía que permita mejorar las condiciones de circulación, especialmente en un corredor utilizado diariamente por transporte de cargas, pasajeros y vehículos particulares.

Desde hace años, el reclamo es acompañado por organizaciones vinculadas a la seguridad vial y familiares de víctimas, que sostienen que la infraestructura actual resulta insuficiente frente al volumen de tránsito que soporta la ruta.

Una concesión con obras pendientes

La Ruta Nacional 3 quedó incluida dentro del esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional, que prevé contratos de mantenimiento, operación y ejecución de determinadas obras mediante financiamiento privado a través del sistema de peajes.

Sin embargo, desde sectores que impulsan la autovía advierten que la discusión no debería centrarse únicamente en el financiamiento del mantenimiento de la ruta, sino también en avanzar con una solución estructural para un corredor considerado estratégico para la producción, el turismo y la conexión entre distintas localidades bonaerenses.

En los últimos meses, el reclamo volvió a ganar visibilidad con movilizaciones y pedidos institucionales para que se definan acciones concretas sobre la traza, especialmente en los sectores más demandados por los vecinos.

La discusión sobre la Ruta 3 vuelve así a quedar atravesada por una pregunta central para las comunidades que la utilizan: cómo garantizar una circulación más segura mientras avanza un nuevo esquema de concesiones y peajes.

La actividad turística volvió a encender señales de alarma en todo el país. Según un informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el reciente fin de semana largo registró el movimiento más bajo de 2026, con menos de un millón de viajeros y un nivel de consumo por debajo de las expectativas del sector.

De acuerdo con el relevamiento, 993.683 turistas recorrieron distintos destinos del país y generaron un impacto económico estimado en 216.649 millones de pesos. Sin embargo, desde la entidad empresaria advirtieron que los números estuvieron lejos de los niveles esperados para una fecha clave del calendario turístico.

“Fue el feriado menos movido del año”, señalaron desde la CAME, que atribuyó la baja afluencia a una combinación de factores como el inicio del Mundial de Fútbol 2026, las condiciones climáticas desfavorables y las dificultades económicas que atraviesan muchas familias.

Escapadas cortas y consumo moderado

El informe destaca una tendencia que se repite desde comienzos de año: viajes más breves, decisiones tomadas a último momento y un gasto mucho más cauteloso por parte de los turistas.

Además, la cercanía de las vacaciones de invierno también habría influido en la demanda, ya que muchas familias optaron por postergar viajes y reservar recursos para el receso escolar.

“Se consolida un perfil de viaje selectivo y prudente, con menor anticipación en las reservas y un consumo muy moderado”, indicaron desde la entidad.

La Provincia también sintió el impacto

La provincia de Buenos Aires no quedó al margen de esta realidad. Según el relevamiento, predominó el turismo de cercanía, con escapadas de un día y participación en eventos específicos.

En la Costa Atlántica, Mar del Plata volvió a concentrar gran parte del movimiento, aunque con niveles de ocupación hotelera considerablemente inferiores a los habituales para esta época del año.

También se registró actividad en localidades como Villa Gesell, donde se realizó la Maratón Cross 7K, y Monte Hermoso, sede del Concurso de Pesca Embarcada en la Laguna Sauce Grande.

Por su parte, Chascomús mantuvo un flujo constante de visitantes gracias a su cercanía con los grandes centros urbanos y sus propuestas vinculadas a la naturaleza. Allí la estadía promedio fue de dos noches, con un gasto estimado de 110.000 pesos diarios por persona.

Las fiestas populares sostuvieron parte de la actividad

En distintos puntos de la provincia, los eventos gastronómicos y las fiestas populares ayudaron a dinamizar el movimiento turístico.

Entre las propuestas más destacadas estuvieron la Fiesta de la Trufa Negra Argentina en Espartillar, el paseo gastronómico ÑAM en Coronel Suárez, la Fiesta del Pastelito en Brandsen y la tradicional Expo Miel de Azul.

El escenario genera preocupación en el sector turístico a pocas semanas del inicio de las vacaciones de invierno, una de las fechas más importantes para la actividad. Hoteleros, gastronómicos y operadores esperan que el receso escolar permita revertir una tendencia que, por el momento, muestra signos de desaceleración en buena parte del país.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este viernes mediante videoconferencia del encuentro "Por una Santa Fe y por una Argentina con Futuro", quee reunió a dirigentes políticos, sindicales y referentes territoriales del sur de la provincia. Durante su intervención, sostuvo que el país se encamina hacia una "elección histórica" y convocó a fortalecer la organización política de cara al próximo proceso electoral.

La actividad se desarrolló en la localidad de Fighiera y contó con la presencia de intendentes, presidentes comunales, dirigentes gremiales y referentes de distintos departamentos de la región.

“Se nos viene”
En su mensaje, Kicillof cuestionó las políticas del Gobierno nacional y advirtió sobre sus efectos sobre la industria y el empleo. "Tenemos que poner toda la energía en prepararnos para lo que se viene. Se nos viene una discusión, un debate y una elección histórica que tiene que ver con el futuro de la Argentina, con los desastres que están haciendo y con cómo se está poniendo en riesgo el patrimonio nacional, nuestra industria y los puestos de laburo", afirmó.

El mandatario bonaerense advirtió sobre los intentos de continuidad del modelo actual del Gobierno nacional bajo otras formas: "Nos quieren convencer de que no hay otro camino. Incluso ahora, si a (Javier) Milei le va mal buscando un recambio, un Milei de mejores modales pero que continúe con las mismas políticas, ¿cómo vamos a responder? Con militancia, con organización y con compromiso".

“Veo que hay muchas ganas en todo el país”
Asimismo, Kicillof ponderó la enorme convocatoria en suelo santafesino como un síntoma de resistencia frente a la apatía: "Me llena de tranquilidad, porque nos dicen que el desánimo y el desinterés es lo que prima en todos lados, y yo veo al revés. Veo que hay muchísimas ganas, que hay muchísima fuerza a lo largo y a lo ancho de todo el país, de compañeros y compañeras que se están preparando para lo que tenemos que hacer, que es ganarle a Milei y que vuelva a gobernar la Argentina un gobierno que tenga en la cabeza la soberanía nacional, la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación".

La jornada incluyó además una exposición del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien abordó aspectos vinculados a la gestión de la seguridad pública y compartió experiencias desarrolladas en la provincia de Buenos Aires.

Un docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) renunció a su cargo luego de haber realizado una amenaza contra una estudiante durante una clase de tercer año de Medicina.

El episodio ocurrió el viernes 5 de junio, durante una clase del Módulo 6 de la carrera, cuando una alumna realizó una observación sobre modificaciones incorporadas en una guía de tratamiento del asma. Según el testimonio de estudiantes presentes en el aula, ante esa intervención el docente Walter Ressia reaccionó con una frase intimidatoria: “A esta hay que matarla, cargarla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí”.

La expresión generó un fuerte rechazo dentro de la comunidad universitaria por la referencia al “Falcon verde”, un símbolo asociado a los secuestros y desapariciones forzadas cometidas durante la última dictadura cívico-militar argentina.

Repudio institucional y medidas de la Facultad

Tras conocerse la situación, la Facultad de Ciencias de la Salud emitió un comunicado en el que expresó su “más enérgico repudio” y señaló que los dichos atribuidos al docente resultan “incompatibles con los valores democráticos y los derechos humanos que deben regir la vida universitaria”.

Además, informó que el Consejo Académico aprobó la Resolución N° 51/26, mediante la cual se estableció dejar registro institucional del episodio, incorporar los pronunciamientos de los distintos claustros y solicitar que los antecedentes del caso queden asentados en el legajo del docente para futuros procesos de designación dentro de la Universidad.

La institución también anunció la promoción de espacios de formación vinculados a perspectiva de género, derechos humanos, memoria, verdad y justicia.

Desde la Facultad remarcaron que la renuncia del docente no reemplaza la responsabilidad institucional de abordar lo ocurrido y reafirmaron el compromiso de sostener una universidad “libre de violencias”.

Reclamo del Centro de Estudiantes

El Centro de Estudiantes de Ciencias de la Salud expresó su rechazo a la situación y sostuvo que la frase constituye una amenaza de “enorme gravedad” por su referencia a prácticas represivas de la última dictadura.

La representación estudiantil también señaló que, al estar dirigida hacia una mujer en un contexto de autoridad docente, la situación debe ser analizada desde una perspectiva de violencia de género.

Además, reclamaron que el caso no quede cerrado únicamente con la renuncia del profesor y pidieron medidas institucionales que permitan prevenir situaciones similares.

Un antecedente dentro de la comunidad universitaria

El episodio generó pronunciamientos de distintos sectores de la UNICEN, que coincidieron en remarcar que las universidades deben ser espacios de intercambio, pensamiento crítico y respeto, donde las diferencias puedan expresarse sin recurrir a discursos violentos o intimidatorios.

La Facultad confirmó finalmente que Walter Ressia presentó su renuncia, mientras continúan las actuaciones institucionales para dejar asentado el caso y definir las medidas correspondientes.

También estuvieron presentes la directora de la institución Guadalupe Camozzi, la senadora provincial Inés Laurini, el presidente del Consejo Escolar Facundo Acosta, la consejera escolar Alejandra Egoscuadra, el inspector de Infraestructura Escolar Bruno Vitale y funcionarios municipales.

En la ocasión, las autoridades dialogaron con Mateo Ribera, jefe de obra de la empresa Carbe S.A, quien brindó detalles sobre los planos, la disposición de los espacios y el estado actual de los trabajos.

Posteriormente recorrieron la obra que presenta un avance de 30 por ciento, y conocieron las características y funciones previstas para cada sector del futuro edificio.

Al respecto, Ribera explicó que actualmente se ejecutan tareas de hormigón armado, mampostería, revoques e instalaciones.

En tanto, indicó que la próxima etapa comprenderá las terminaciones, con la colocación de pisos y aberturas, teniendo como plazo de terminación el fin de año.

En ese contexto, Camozzi destacó que “recorrer esta obra para nosotros es un sueño a medio cumplir, pero sabemos que se va a lograr. Es una obra que estuvimos esperando muchísimo tiempo”.

En ese sentido, remarcó que “para nosotros y nuestros estudiantes tener un edificio propio es fundamental y también lo es para Azul. La gente va a venir a estudiar, a prepararse y a proyectar sus propios sueños. Esto es educación pública superior y de calidad”.

“Para conseguir esta obra se realizaron numerosas gestiones en las que intervinieron el Consejo Escolar, el Municipio y legisladores. Su ejecución es posible a partir del presupuesto de Provincia”- concluyó.

Cabe recordar que una vez finalizado, el edificio contará con 1445 metros cuadrados cubiertos y otros 144 semicubiertos, distribuidos en dos niveles. Incluirá diez aulas, dirección, secretaría, gabinete, sala de profesores, portería, biblioteca, laboratorio, sala de informática, SUM, cocina, sala de máquinas, sector administrativo y sanitarios para alumnos, docentes y personas con discapacidad.