Mientras crece la expectativa por la transformación en el sector inmobiliario que analiza el ministerio que lidera Federico Sturzenegger, diversos dirigentes de los Colegios de Corredores y Martilleros advirtieron que la desregulación pone en riesgo la seguridad jurídica. Sin embargo, múltiples protagonistas de la industria subrayan que, en lugar de aportar seguridad jurídica, los Colegios han sido hasta ahora cómplices –por acción u omisión– de estafas y malas prácticas inmobiliarias.

La ciudad de La Plata fue epicentro recientemente de una de las mayores polémicas en ese sentido, al revelarse lo que algunos denominan “la mayor estafa en la historia de la ciudad”. Unas 700 personas compraron terrenos por un valor cercano a los 60 mil dólares cada uno pero no podrán escriturar porque los desarrolladores vendieron sin tener autorización para subdividir las fracciones y mucho menos para construir un barrio cerrado.

Además de embargar a los urbanizadores de barrios en loteos ilegales en las afuera de La Plata, a raíz de esas estafas, el municipio instó a los colegios profesionales y técnicos “a informar y asesorar debidamente a sus matriculados para que se abstengan de participar en estas prácticas ilegales que vulneran el ordenamiento jurídico local y perjudican a los vecinos y ciudadanos platenses”. 

Tras el escándalo, decenas de profesionales apuntaron contra el presidente del Colegio de Martilleros de La Plata, Guillermo Saucedo, quien indicó hace unas semanas: “Nuestra profesión, que para conseguirla necesita años de estudio, hace que tengamos conocimientos específicos de la actividad para evitar fraudes, engaños y estafas tan comunes en estos días. No queremos imaginar, si finalmente se logra la desregulación que pretende Milei y cualquiera pueda vender y/o alquilar una propiedad, la cantidad de fraudes que se pueden perpetrar”.

Un profesional que prefirió no ser identificado, señaló: “En La Plata, pero también en otros lugares del país, los Colegios jamás hacen algo para resguardar los intereses de los particulares que compran lotes. Ellos saben qué corredores actúan en las ventas y qué clientes compran pero nunca  hacen nada al respecto. Eso prueba que la seguridad jurídica que dicen garantizar es inexistente y que siempre es la Justicia la que termina resolviendo estas cuestiones”. En ese sentido, el ejemplo en su propio distrito no sólo desacredita los dichos de Saucedo sino que vuelve a demostrar que los Colegios no consiguen brindar seguridad jurídica a los ciudadanos ni honran sus propios códigos de ética.

En medio de un escándalo que desde La Plata salpica a toda la estructura de Martilleros BA, muchos matriculados también recordaron que para registrarse o reinscribirse en el Colegio de Martilleros del Departamento Judicial Mar del Plata se debe presentar un certificado de antecedentes penales. Y cuestionaron que Pablo Salminci –procesado por lavado de dinero– siga estando habilitado en el padrón de ese Colegio. En la famosa Causa Salminci se estableció que la asociación criminal “se dedicaba a la realización de diversas maniobras destinadas a menoscabar el patrimonio de un consorcio de edificio” que estuvo a cargo de la familia desde 2007 y hasta febrero de 2020. 

“El Colegio de Martilleros Departamento Judicial Mar del Plata ha dejado de ser hace tiempo un aval de la probidad de las operaciones inmobiliarias que realizan sus miembros para convertirse en una patota de presión que busca entorpecer la actividad de aquellos que no se alinean con sus intereses comerciales”, afirmaron desde MDQ Activa. Adolfo Salminci murió en medio de las actuaciones judiciales, pero por esa causa fueron procesados los hermanos Marcelo y Pablo Salminci y su madre, Nora Iris Jaime. Los Salminci también se beneficiaron de las subastas fraudulentas que llevó adelante Mario Castelao en la propia sede del Colegio de la ciudad bonaerense.

Existen múltiples ejemplos que echan por tierra la idea de que los Colegios son los garantes de la seguridad jurídica. Incluso en la Ciudad de Buenos Aires, personas vinculadas con la inmobiliaria L’Abbate y con la firma Induplack Fiduciaria son investigados sobre su participación en una presunta asociación ilícita dedicada a la estafa durante los últimos 12 años.

A medida que el sector inmobiliario busca virar hacia un contexto de transparencia y sana competencia, la Justicia amontona causas abiertas en las que miles de personas han sido estafadas y los Colegios de Corredores guardan silencio sobre maniobras oscuras que podrían haberse evitado.