En medio de una profunda crisis financiera, el municipio de Pinamar ha generado un fuerte malestar al publicar activamente en su sitio oficial búsquedas laborales para la firma Century 21. La comuna promociona la incorporación de “Asesores Inmobiliarios” para integrarse al equipo de esta franquicia, solicitando perfiles emprendedores con o sin experiencia en el rubro. 

Este movimiento ha reavivado el histórico choque entre el gobierno local y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Dolores, que ve en estas acciones un respaldo a lo que consideran el ejercicio ilegal de la profesión.

La decisión del municipio de facilitar la captación de agentes para una franquicia no es casual y se da en un marco de asfixia económica. Pinamar atraviesa una situación financiera delicada que en oportunidades ha obligado a desdoblar el pago de sueldos a los trabajadores municipales debido a una caída real de la coparticipación provincial del 10,97%. 

Con un recorte acumulado que en 2025 ya superaba los 800 millones de pesos y una demanda creciente de puestos de trabajo por parte de vecinos que no logran costear sus necesidades básicas, el Ejecutivo local prioriza la generación de empleo y la atracción de inversiones para proyectar a la ciudad como destino turístico.

El conflicto tiene una base legal clave en la Ordenanza Municipal N° 5743/20. Originalmente, esta norma –impulsada por los martilleros locales– prohibía la habilitación municipal de oficinas inmobiliarias bajo nombres de fantasía o representaciones de franquicias y marcas. Sin embargo, el entonces intendente Martín Yeza aplicó un veto parcial mediante el Decreto N° 1651/2020, desestimando los artículos que impedían operar a estas firmas internacionales. 

Diversos profesionales celebraron en su momento esta decisión, denunciando la “prepotencia y persecución” con la que actúan ciertos colegios de martilleros para hostigar a quienes eligen contratar servicios de marcas externas.

Desde la otra vereda, el Colegio de Martilleros de Dolores, presidido por Esteban Corrales –quien además se desempeña como Secretario General de Martilleros BA (Colegio de Martilleros de la Provincia)--, ha intensificado lo que denominan “acciones contra los ilegales”. 

La institución sostiene una lucha férrea contra el modelo de agentes o “brokers” no matriculados, argumentando que violan la Ley 10.973, la cual reserva el corretaje exclusivamente a profesionales con título universitario y matrícula.

En sintonía con la visión del gobierno nacional, mientras el municipio de Pinamar defiende la libertad de comercio y la necesidad de dinamizar la economía local, el Colegio liderado por Corrales advierte que el trabajo de los “agentes inmobiliarios” es una delegación improcedente de tareas que pone en riesgo la legalidad del sector.