Un proyecto presentado en el Senado bonaerense busca que los municipios puedan relevar, recuperar y administrar caminos rurales que se encuentren en desuso o tengan una baja funcionalidad vial y, bajo determinadas condiciones, autorizar actividades productivas sobre esas trazas.
La iniciativa pertenece a la senadora María Inés Laurini, integrante del bloque Fuerza Patria por la Séptima sección electoral, y propone crear un régimen provincial al que los municipios podrán adherir.
La propuesta no contempla la venta ni la privatización de los caminos. Por el contrario, establece que deberán conservar su condición de bienes del dominio público y quedar disponibles ante futuras necesidades de circulación, conectividad o infraestructura.
Los distritos que adhieran al régimen podrían crear un Registro Municipal de Caminos Rurales en Desuso de Hecho o con Baja Funcionalidad Vial.
Allí se identificarían y clasificarían las trazas según su situación: caminos que deberían recuperarse o reabrirse, otros que podrían conservarse como reserva territorial y aquellos en los que eventualmente sería posible autorizar un uso alternativo.
Para determinarlo, los municipios podrían realizar relevamientos catastrales, jurídicos, ambientales, hídricos y territoriales y verificar, entre otros puntos, la ubicación, extensión, estado de conservación y existencia de ocupaciones o cierres.
La propuesta también habilita acciones de custodia, señalización, recuperación y control.
Una de las novedades es la posibilidad de autorizar usos especiales compatibles con la condición pública del camino.
Entre las alternativas planteadas aparecen actividades como el pastoreo, la instalación de colmenas o proyectos de huertas comunitarias.
Esos usos podrían instrumentarse mediante permisos, concesiones o convenios y eventualmente incluir el pago de un canon por parte de particulares, productores o empresas.
Sin embargo, el proyecto establece que cualquier autorización deberá ser precaria, temporaria y revocable y no generará derechos de propiedad, posesión ni indemnización sobre la tierra. Tampoco implicará el cierre definitivo o la desafectación del camino.
La propuesta establece que los recursos obtenidos mediante estos mecanismos deberán destinarse prioritariamente al mantenimiento y mejoramiento de la red vial municipal.
También podrían utilizarse para obras y servicios rurales, infraestructura comunitaria, ordenamiento territorial y gestión hídrica.
Laurini sostiene que el objetivo es evitar que las trazas que dejaron de utilizarse queden expuestas a ocupaciones de hecho o apropiaciones particulares y, al mismo tiempo, permitir que los municipios aprovechen temporalmente esos espacios.
El proyecto define como camino en “desuso de hecho” aquel en el que pueda comprobarse técnicamente que ya no existe una utilización pública actual.
También incorpora la categoría de “baja funcionalidad vial” para las trazas cuya capacidad para cumplir su función habitual de circulación se encuentre reducida.
En ambos casos, la autorización de actividades alternativas no impediría que el Estado vuelva a destinar esos caminos a circulación, transporte escolar, acceso sanitario, manejo hídrico u otras necesidades de interés público.
La iniciativa recién comienza su recorrido legislativo en el Senado bonaerense y deberá atravesar el tratamiento en comisiones antes de poder llegar al recinto. Por lo tanto, las nuevas facultades todavía no están vigentes y dependerán de que el proyecto sea aprobado por la Legislatura.