En el marco de la ambiciosa transformación del mercado inmobiliario impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, el discurso corporativo de los colegios profesionales ha comenzado a mostrar sus grietas. 

El presidente del Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, Luis Colao, ha defendido fervientemente la colegiación obligatoria como la única “garantía para el inversor” y un baluarte contra las estafas. A su vez, al defender las competencias del colegio profesional, Colao indicó: “Nuestro control es estatal, el Estado delega esa función en el colegio profesional por lo que nuestra actividad está resguardada por la constitución provincial”.

Sin embargo, los antecedentes históricos y la realidad operativa de estas instituciones contradicen sistemáticamente este argumento de “seguridad jurídica”. El ejemplo más contundente que utilizan los analistas para refutar la supuesta protección de los Colegios es el escándalo de la “Liga de Compradores” en Mar del Plata. 

Durante años, esta organización delictiva operó con métodos mafiosos, aprietes y agresiones físicas para manipular subastas judiciales, y lo hizo dentro del propio salón de remates del Colegio de Martilleros local.

En ese sentido, tal como señalan diversos profesionales, resulta contradictorio que las autoridades que hoy reclaman ser garantes de la transparencia hayan permitido, por omisión o presunta connivencia, que este grupo actuara con total impunidad bajo su propio techo. 

Mientras ex directivos como Miguel Ángel Donsini intentaron deslindar responsabilidad alegando que la institución solo “alquilaba el salón”, la Justicia ya ha avanzado con condenas y un juicio oral que busca exponer la red de contactos que permitió a estos “apretadores” adueñarse de bienes a precios irrisorios ante el silencio institucional.

Inacción en La Plata ante los loteos ilegales

La situación en la capital bonaerense no es muy distinta. A pesar de la existencia de la colegiación obligatoria, la ciudad de La Plata ha sido escenario de una proliferación de loteos ilegales y estafas inmobiliarias en zonas como Los Hornos, Lisandro Olmos y Arana.

En este contexto, el propio municipio ha tenido que tomar la iniciativa, realizando clausuras y denuncias penales contra desarrolladoras y franquicias como Century 21 por comercializar terrenos sin habilitación municipal.

Este escenario ha llevado a las autoridades municipales a reclamar una mayor proactividad en la prevención por parte del Colegio de Corredores local, dado que la fiscalización institucional parece no haber sido suficiente para evitar que cientos de familias invirtieran sus ahorros en proyectos inviables y carentes de servicios básicos. 

Lejos de ser una solución, el sistema colegiado ha acumulado denuncias por “malos manejos” y falta de control sobre profesionales que promocionan inmuebles no aptos para la venta.

Mientras tanto, desde la perspectiva del Gobierno, la fijación de aranceles mínimos por parte de los Colegios es una “aberración social” que encarece innecesariamente los costos de intermediación y actúa como una barrera a la libre competencia. 

La propuesta oficial no busca eliminar la profesión, sino transformar la colegiación en un acto voluntario, permitiendo que la seguridad jurídica emane de donde realmente corresponde: el Poder Judicial, los escribanos y los organismos de defensa del consumidor.

La resistencia de dirigentes como Colao, basada en normativas que muchos consideran obsoletas, parece responder más a la defensa de un “monopolio corporativo” que a una preocupación real por el ciudadano, tal como han denunciado diversos protagonistas del sector. 

En un mundo que exige modernización tecnológica –terreno donde distintos Colegios ya han demostrado falencias graves–, la apertura del mercado se presenta como el camino para devolver la transparencia.