El modelo de colegiación de los corredores inmobiliarios en la Argentina atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión e impugnación institucional. Diversos hechos ocurridos en distintas jurisdicciones del país han encendido las alarmas sobre el uso arbitrario del poder de policía, la persecución a nuevos modelos de negocios y la imposición de barreras de entrada que limitan la libre competencia y perjudican tanto a profesionales como a consumidores.

El detonante principal de esta crisis sectorial ha sido la resolución dictada recientemente por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) –a partir del dictamen de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas (SICA)-- que sancionó al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) con una multa de aproximadamente $290 millones de pesos por abuso de posición dominante.

La Autoridad Nacional de la Competencia determinó que el CUCICBA desplegó una estrategia sistemática para obstaculizar el acceso, la permanencia y el desarrollo de los corredores que operan bajo sistemas de franquicias y otros formatos comerciales de red.

Entre las medidas adoptadas, se le ordenó al colegio porteño el cese inmediato de estas prácticas exclusorias y se formularon recomendaciones regulatorias a las autoridades nacionales y locales, sugiriendo evaluar la continuidad de la obligatoriedad de la matriculación profesional en el país.

Hostigamiento, trato desigual y conflicto de intereses

El fallo puso en evidencia los mecanismos de hostigamiento que venían sufriendo numerosos matriculados. A pesar de que los corredores asociados a redes de franquicia representan menos del 2% del padrón total en la Ciudad de Buenos Aires, concentraron el 20% de las causas disciplinarias iniciadas por el CUCICBA desde el año 2016.

El accionar abusivo incluyó el rechazo sistemático de declaraciones juradas de actividad profesional, la denegación injustificada de trámites de matriculación y la exclusión arbitraria de beneficios institucionales como el sistema de informes comerciales Fidelitas. Asimismo, el CUCICBA llevó a cabo campañas públicas de desprestigio e invocó reiteradamente actuaciones administrativas como la Resolución IGJ 350/2020 para desacreditar a profesionales, aun después de que dicha norma fuera revocada de manera definitiva por la Cámara Comercial y ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Un punto central remarcado por el organismo regulador es el conflicto de intereses estructural: las autoridades del Colegio actúan al mismo tiempo como reguladores y como competidores directos en el mercado. Mientras sancionaban y perseguían a corredores franquiciados, las propias autoridades de la entidad utilizaban nombres de fantasía y contaban con equipos de colaboradores sin recibir cuestionamiento alguno, evidenciando un trato desigual y discriminatorio.

Entre Ríos: Modificaciones legislativas frente al bloqueo de nuevos modelos

Los cuestionamientos al accionar corporativo no se limitan a la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Entre Ríos, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados comenzó a debatir hace pocos días un proyecto de ley, presentado por la diputada Carola Laner, para modificar las Leyes 9.739 y 11.084 que regulan el corretaje local.

En el ámbito provincial, profesionales con título universitario denunciaron que el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos impone serios obstáculos y exigencias académicas desproporcionadas –como la obligatoriedad de contar con una licenciatura específica– que funcionan como verdaderas barreras para trabajar y matricularse. Durante el debate legislativo, los afectados expusieron cómo las normativas promovidas por el Colegio impiden el desarrollo de nuevos modelos de negocio y limitan el ejercicio profesional de graduados universitarios. 

Este debate coincide de manera directa con la resolución de Defensa de la Competencia, sirviendo como antecedente nacional para revisar el alcance de las regulaciones provinciales.

Santa Cruz: El fracaso de la colegiación obligatoria por el rechazo de las bases

El panorama de resistencia al avance de los colegios profesionales sumó un hito clave en la provincia de Santa Cruz, donde fracasó de forma rotunda el intento de crear una entidad de colegiación obligatoria. El proyecto de ley Nº 367/2024, que buscaba crear el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos provincial, no logró los consensos necesarios en la Cámara de Diputados y pasó formalmente a archivo en septiembre de este año.

El proyecto colapsó debido al firme rechazo de los propios operadores del mercado. La Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS), entidad que agrupa a cerca del 90% de las oficinas inmobiliarias de la provincia, denunció no haber sido consultada y encabezó la oposición a la iniciativa. Entre sus principales reclamos, la entidad advirtió sobre la existencia de propuestas cruzadas entre distintas asociaciones y defendió los derechos de trabajadores e idóneos con décadas de trayectoria en el mercado local, quienes corrían el riesgo de ser invalidados y desplazados por la imposición de la colegiación obligatoria.

Lo cierto es que el fallo contra el CUCICBA, sumado a las discusiones en Entre Ríos y al fracaso del proyecto en Santa Cruz, marca un punto de inflexión. El avance de las impugnaciones legales y sociales contra el accionar de los colegios plantea un escenario donde la transparencia, la libre competencia y la protección de los derechos de los profesionales y consumidores empiezan a imponerse sobre las lógicas corporativas tradicionalistas.