El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la Ley 15.688, que autoriza a los intendentes a destinar hasta el 100% de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural asignados al mantenimiento de la red vial rural a la ejecución de obras hídricas. La medida llegó en medio de la preocupación por el fenómeno climático El Niño y los pronósticos de lluvias superiores a lo normal.

La norma, publicada el martes en el Boletín Oficial, permite utilizar esos recursos, coparticipados o transferidos en el marco de la Ley 13.010, en obras de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y compra de equipamiento hídrico.

Una habilitación por 180 días

La autorización es excepcional y tendrá una vigencia de 180 días corridos desde la publicación de la ley, por lo que se extenderá hasta el 9 de mayo de 2027.

Además, la reasignación de los recursos constituye una facultad y no una obligación para los distritos. Cada intendente podrá decidir si utiliza los fondos para atender la emergencia hídrica o si mantiene su destino original en los caminos rurales, muchos de los cuales sufrieron daños por los fenómenos climáticos de los últimos meses.

Cómo se reparte el Inmobiliario Rural

Según la legislación vigente, lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural se distribuye en un 65% para el Poder Ejecutivo provincial, un 12% para el Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, un 3% para el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental y un 20% para los municipios, en concepto de retribución por la administración del tributo.

El origen del proyecto

La iniciativa fue presentada por el senador Sergio Vargas, del bloque Unión y Libertad, con el objetivo de dotar a los intendentes de mayor margen de acción para ejecutar obras de drenaje, dragado de canales, reparación de alcantarillas y adquisición de equipamiento hídrico, sin quedar limitados al mantenimiento de la red vial rural.